Izquierda Unida de Aragón ha solicitado este jueves que se revisen a fondo todos los expedientes vinculados al grupo Forestalia, que se suspendan las autorizaciones ya concedidas y que se anule la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Búfalo, declarado recientemente de interés autonómico por el Gobierno de Aragón.
Su portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, ha explicado en rueda de prensa que las informaciones sobre presunta corrupción en la concesión de permisos y en la tramitación de actos administrativos “en favor del entramado empresarial de Forestalia” refuerzan las dudas tanto sobre esta empresa como sobre el despliegue “acelerado y desordenado” de parques eólicos y fotovoltaicos llevado a cabo en los últimos años.
Sanz ha recalcado que este despliegue se impulsó sin una planificación adecuada, sin moratoria, sin instrumentos específicos para la protección de especies y con una notable falta de transparencia en los procedimientos, “desoyendo las alegaciones de la sociedad civil”.
“Hubo un interés real en no regular y planificar, y hoy seguimos sin hacerlo”, ha afirmado el diputado, que ha pedido revisar el sentido del voto de cada grupo en las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón y recuperar informes técnicos que fueron apartados, como los del INAGA en el Maestrazgo o el cambio de criterio en el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza.
El responsable de Modelo Productivo y Ecologismo de IU Aragón, Jesús García Usón, ha descrito que la implantación de grandes instalaciones renovables en la comunidad está condicionada por “la vorágine expansiva que genera la demanda de la industria electrointensiva y alimenta un mercado claramente especulativo”.
García Usón ha indicado que existen proyectos para multiplicar por cuatro la potencia ya instalada, que se ha incrementado un 90% desde el cierre del carbón, y ha alertado de que solo los centros de datos que han pedido conexión a la red podrían multiplicar por cinco el consumo eléctrico actual de Aragón.
A su juicio, Forestalia habría obtenido un trato de favor en la tramitación de sus proyectos energéticos por parte de administraciones autonómicas y estatales, en el marco de un desarrollo normativo que consideran especialmente beneficioso para el sector.
Entre esas normas ha citado la ley de autoconsumo industrial, recurrida ante el Tribunal Constitucional y parcialmente suspendida. García Usón ha repasado varios proyectos ligados a desarrollos energéticos que están ahora bajo investigación y que, pese a haber recibido una evaluación ambiental favorable del Ministerio, fueron frenados por motivos ambientales en otras comunidades autónomas y se están reactivando.
En esta lista se incluye el Proyecto Búfalo —con centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén—, el Proyecto Toro —la megafactoría de baterías de CATL en Figueruelas— y el Centro de Datos de Repsol en Escatrón. En este escenario, Izquierda Unida reclama revisar todos los expedientes en curso y suspender las autorizaciones concedidas a Forestalia.
La recién elegida coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha recordado que el Ejecutivo de Azcón tiene la obligación de dejar sin efecto, de forma cautelar, la Declaración de Interés Autonómico otorgada al Proyecto Búfalo, presentado como uno de los mayores operadores energéticos y tecnológicos de Aragón.
El plan integra tres centros de datos junto con instalaciones de producción y gestión de energía, incorporando centrales cuya evaluación ambiental se tramitó ante el Ministerio para la Transición Ecológica, pero que fueron rechazadas por su impacto ambiental en otras comunidades, nunca en Aragón, ha remarcado.
Además de denunciar la corrupción en la esfera institucional, Abengochea ha subrayado la necesidad de actuar también contra los corruptores. Entre las medidas planteadas, propone la inhabilitación para contratar con la Administración y vetar el acceso a concursos públicos, subastas y permisos y licencias administrativas de las administraciones competentes. “No basta con señalar la corrupción: hay que poner fin a las ventajas que disfrutan quienes la promueven y se benefician de ella”, ha concluido.