Izquierda Unida en Aragón ha calificado de «profundamente partidistas» las afirmaciones de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados, lamentando «la falta de voluntad» por parte de la consejera para optimizar el sistema de protección de menores.
En un comunicado, IU ha destacado que Susín ha culpado al Ministerio de Juventud e Infancia de falsear la información relativa a la financiación y los criterios de distribución, obviando la legislación actual y los datos oficiales.
Álvaro Sanz, portavoz de IU en las Cortes, ha señalado que el gobierno regional está perfectamente informado sobre los criterios objetivos que dicta el Real Decreto-ley 2/2025, publicado en el BOE, que ordena la reubicación de menores basándose en la población de cada área.
Para Aragón, se han determinado 441 plazas, una cantidad que Sanz describe como «un cálculo técnico y proporcionado que no representa una sobrecarga del sistema», contrariamente a lo que Susín ha sugerido. «441 plazas en total, es un número muy ajustado para disponer de un sistema de protección de menores garantista en nuestra Comunidad», afirmó el diputado.
Sanz ha criticado que, a pesar de las «mentiras reiteradas de la consejera Susín», todas las Comunidades Autónomas se rigen por los mismos estándares y la diferencia radica en la preparación previa, señalando que «nuestro sistema es opaco y ha perdido capacidad, reduciéndose respecto a lo que le corresponde por población».
Además, ha añadido que el Ministerio ha asegurado que Aragón recibirá este año un incremento del 200% en la financiación comparado con el año anterior, con un aumento de más del 250% desde 2021. Esta contribución extraordinaria se añade a las transferencias ordinarias, que en 2025 han alcanzado cifras «históricas».
«Por tanto, sí hay recursos suficientes, y lo que falta es voluntad política para destinarlos a garantizar derechos en lugar de hacer regalos fiscales a las rentas más altas que es lo que prioriza este Gobierno», explicó Sanz.
Izquierda Unida ha denunciado que el Gobierno de Azcón «ha optado por judicializar el proceso, perdiendo todos los recursos interpuestos ante los tribunales, lo que ha supuesto un coste económico y reputacional para Aragón».
«En lugar de dimensionar adecuadamente el sistema de acogida, el Ejecutivo autonómico ha preferido alimentar un discurso xenófobo y de confrontación institucional» que no refleja la voluntad del pueblo aragonés, sino «los intereses partidistas del PP que se dedica a hacer oposición en lugar de a gobernar».
«Es hora de dejar de utilizar a los menores migrantes como arma política y empezar a trabajar con responsabilidad y humanidad», concluyó Sanz, instando al Gobierno de Aragón a adoptar un enfoque de acogida basado en la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la observancia de la legalidad.
«La infancia migrante merece protección, no estigmatización, y el sistema de menores de nuestra Comunidad necesita ser dotado de manera adecuada y acabar con la opacidad actual para garantizar que tenemos la capacidad suficiente para dar respuesta a las necesidades de la infancia más vulnerable», finalizó Sanz.















