Izquierda Unida ha presentado una interpelación en las Cortes de Aragón este lunes, dirigida al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco. La formación política exige aclaraciones sobre las medidas de inspección para las Viviendas de Uso Turístico (VUT) frente a la creciente preocupación por la falta de vigilancia en el sector turístico ilegal.
Según informaciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se han identificado aproximadamente 700 apartamentos turísticos en situación irregular en Aragón, de un total de más de 53.000 a nivel nacional, según ha comunicado IU.
En la provincia de Huesca, donde hay un mayor número de VUT registradas, tan solo se aplicaron siete multas el año pasado.
FALTA DE INSPECCIÓN
“Es evidente que los medios actuales para inspeccionar y controlar el cumplimiento de la normativa son insuficientes. No podemos mirar hacia otro lado mientras el fraude en los alojamientos turísticos sigue agravando el problema del acceso a la vivienda”, advirtió el diputado de IU, Álvaro Sanz.
La agrupación política ha recordado que el Decreto 1/2023 y la Ley de Turismo de Aragón detallan las condiciones que deben cumplir las VUT y que es responsabilidad del Gobierno regional asegurar su cumplimiento.
Además, IU critica que la escasez de inspecciones está facilitando la proliferación de alojamientos irregulares que incrementan los costos de alquileres residenciales y desplazan a los residentes de sus barrios.
“La vivienda no puede seguir siendo un negocio especulativo. Es urgente que el Gobierno de Aragón actúe con firmeza, refuerce los mecanismos de control y ponga en marcha medidas efectivas para garantizar el derecho a una vivienda digna”, enfatizó Sanz.
Por último, ha solicitado detalles sobre los recursos asignados a la inspección, la evaluación de su adecuación por parte del Ejecutivo, y las acciones futuras para afrontar el fraude y reducir el impacto social de la turistificación en el mercado de vivienda.
El diputado de IU ha reiterado que la vivienda “debe ser un derecho y no una mercancía”, y ha instado a implementar políticas que prioricen el bien común por encima de los intereses económicos de las plataformas de alquiler turístico.