El portavoz adjunto del grupo municipal de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha arremetido contra el “desinterés” que, a su juicio, muestra el Gobierno de Aragón a la hora de facilitar datos sobre “el coste económico y la sobrecarga de servicios sanitarios que la inmigración ilegal supone para Aragón”, una carga que ha calculado en más de 10 millones de euros anuales.
Esta crítica ha centrado el balance que ha realizado sobre las políticas sanitarias impulsadas por el Ejecutivo autonómico en lo que va de legislatura.
Apoyándose en la base de datos de Usuarios del Departamento de Sanidad, Morón ha explicado que en 2024 se han registrado, bajo el código asignado a personas extranjeras en situación irregular --el denominado Código 85--, 19.882 visitas en Atención Primaria; 10.253 atenciones en urgencias; y 654 intervenciones quirúrgicas.
En este contexto, ha reprochado al Gobierno autonómico que “oculte la realidad a los aragoneses y no cuantifique el coste de estos servicios”, algo que ha descrito como una “falta de control del gasto público”.
El dirigente de Vox ha calculado que “el coste en 2024 de las consultas de Atención Primaria correspondiente a la inmigración ilegal en 1,7 millones euros; y en 1,9 millones euro el coste de las consultas en Urgencias”. “Sólo entre las consultas de Atención Primaria y la asistencia en Urgencias estaríamos hablando de 3,7 millones de euros”, ha señalado.
Tras ello, ha subrayado el impacto de las 654 intervenciones quirúrgicas y, sumando también las consultas de especialistas y las pruebas diagnósticas, ha terminado situando “el coste sanitario de la inmigración ilegal por encima de los 10 millones de euros” en el ejercicio 2024.
Críticas al uso de los recursos y a la gestión sanitaria
“Un dineral que se podría destinar a fomentar la natalidad, a ayudar a las familias aragonesas o a mejorar los servicios públicos”, ha contrapuesto el portavoz adjunto de Vox, cuestionando la prioridad que, según él, otorga el Ejecutivo regional a estos gastos.
Morón ha exigido “prioridad nacional a la hora de acceder a las ayudas sociales y a los servicios públicos”, así como “el derecho de los aragoneses a saber en qué gasta el dinero de sus impuestos”.
Ha vuelto a pedir al Gobierno de Aragón “transparencia” en la información sobre el impacto económico y la “sobrecarga que la inmigración ilegal supone al sistema aragonés de Salud”. En su repaso a otras cuestiones sanitarias, ha sostenido que “poco ha cambiado del nefasto legado del Partido Socialista”.
A su entender, “las listas de espera siguen siendo inaceptables”. Aunque ha admitido que la demora quirúrgica se ha reducido en determinadas especialidades, ha advertido de que “ha incrementado el tiempo de espera para consulta al especialista”.
También ha afeado que “no se ha conseguido finalizar la construcción del nuevo Hospital de Teruel” y ha descrito la situación de los centros sanitarios en el medio rural como “deplorable”. Asimismo, ha recriminado que “no se ha mejorado el sistema de compras denunciado por la Cámara de Cuentas” y que “tampoco se ha elaborado el nuevo mapa sanitarios como se prometió”.