QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo, ha instado a Correos a buscar y adquirir un local adecuado con el fin de poner en marcha una nueva oficina de atención al cliente que atienda a los vecinos que hasta ahora utilizaban las instalaciones de El Portillo (Zaragoza). Para ello, ha presentado una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
En esta iniciativa parlamentaria, Pueyo reclama al Gobierno de España que vigile que la empresa pública cumple con «su compromiso de sostenibilidad, evitando incrementos de emisiones derivados del traslado de unidades y vehículos» y que impulse la redacción por parte de Correos de un plan específico de movilidad sostenible en Zaragoza, «alineado con la Agenda 2030 y sus propios informes de sostenibilidad».
Asimismo, la propuesta plantea «promover la participación ciudadana en decisiones de servicios públicos de proximidad como el postal, especialmente en zonas con población envejecida o con menor movilidad», de manera que los cambios en la red de oficinas se acuerden teniendo en cuenta las necesidades del vecindario.
Derechos laborales y servicio público
Pueyo ha subrayado que los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CGT y el Sindicato Libre han hecho llegar a la dirección de Correos su «preocupación» por las medidas previstas ante el derribo inminente del edificio que la compañía posee en la avenida Anselmo Clavé de Zaragoza.
Según ha denunciado, «Correos ha adoptado en torno a este edificio decisiones que afectan directamente al servicio postal público, a los derechos laborales y al compromiso medioambiental de la empresa». En este inmueble se concentran actualmente una oficina de atención al cliente, una unidad de reparto a pie (UR) y la unidad de servicios especiales (USE1) de paquetería urgente.
El cierre de estas dependencias implica que el personal sea desplazado a centros ya saturados, «con el grave deterioro de las condiciones de trabajo de la plantilla que ello conlleva, además de otros perjuicios e inconvenientes que se puedan ocasionar a los clientes, al tratarse de centros más distantes». Pueyo advierte de que esta reorganización impactará tanto en la calidad del empleo como en la atención al usuario.
El parlamentario aragonés ha señalado igualmente que «Correos va a recibir más de 2.000.000 de euros por la venta del edificio, sin que esos ingresos vayan a reinvertirse, aunque sea parcialmente, en fortalecer el servicio público en el barrio» y que, como consecuencia del cierre, «más de 100.000 habitantes de distintos barrios de Zaragoza se ha quedado sin una oficina de atención cercana».
Ha remarcado que la población afectada presenta una de las medias de edad más elevadas de Zaragoza, «lo que dificulta su desplazamiento a otros centros de atención al cliente que Correos pueda ofrecer como sustitutos» y «supone un retroceso en el ejercicio del derecho al servicio postal universal contemplado en la Constitución y en la Ley 43/2010». Para estas personas, «La cercanía del servicio público para personas mayores o con movilidad reducida es esencial para garantizar el acceso igualitario a la comunicación y a la recepción de envíos».
En relación con la plantilla, Pueyo ha explicado que «los trabajadores de la unidad de reparto a pie van a ser trasladados a otros centros con mayor distancia a su zona habitual de reparto», lo que, en su opinión, «conduce inevitablemente a mayor tiempo de desplazamiento, menor eficiencia y, por tanto, a una menor calidad en la entrega de envíos», y «afecta directamente al servicio ciudadano que se presta, empeorando plazos y fiabilidad».
Impacto ambiental y falta de participación
El diputado también ha cuestionado el traslado de la unidad de servicios especiales al Centro de Tratamiento del Transporte (CTA) de San Juan de Mozarrifar, al considerar que «se contrapone con los compromisos de sostenibilidad de Correos, que declara trabajar con un modelo alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la reducción de su huella de carbono».
Según ha detallado, el movimiento de más de 50 furgonetas, con recorridos adicionales de más de 40 kilómetros diarios por vehículo en turnos de mañana y tarde, «incrementará la contaminación y el consumo de combustible fósil y contravendrá los objetivos de movilidad sostenible que la empresa misma declara». A su juicio, esta reordenación logística no respeta los criterios ambientales que la compañía dice asumir.
Pueyo ha lamentado que «durante todo este proceso, la ciudadanía afectada no ha sido debidamente informada, ni se le ha dado la posibilidad de manifestar su voluntad o aportar alternativas», algo que, en su opinión, «contiene una clara falta de transparencia y participación pública en decisiones que afectan al servicio público postal, al tejido urbano y al medio ambiente».
Para el diputado de CHA, «Los vecinos de los distritos afectados necesitan que este servicio público esencial no sea sacrificado en nombre de la eficiencia empresarial, sino potenciado en beneficio de la comunidad». Por ello, insiste en que Correos debe garantizar una oficina de atención al cliente en el entorno de El Portillo y replantear los traslados previstos, con criterios de sostenibilidad, calidad del servicio y defensa de los derechos laborales.
