El Servicio Aragonés de Salud eleva su plantilla un 4,84% en tres años, superando los 27.000 empleados

En los últimos tres años, el Servicio Aragonés de Salud ha visto un incremento del 4,84% en su número de trabajadores, alcanzando un total de 27.627 empleados en octubre de 2025. La directora gerente, Ana Castillo Forniés, destacó durante su intervención en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón que este crecimiento se ha notado en Zaragoza, Huesca y Teruel, asegurando así una atención sanitaria más accesible y constante para los ciudadanos.

Los datos presentados por Castillo provienen del SIRGHA, sistema que gestiona los recursos humanos de la administración pública aragonesa. Comparando con años anteriores, la cifra de octubre de 2025 muestra un aumento de 1.275 empleados respecto al 2022, con un total inicial de 26.352 trabajadores.

“Es decir, contamos con 1.275 trabajadores más”, explicó Castillo, subrayando que este incremento se ha producido en todas las categorías laborales bajo los mismos criterios de comparación. Además, ha resaltado el compromiso del SALUD con un sistema sanitario que disponga de plantillas adecuadas, estables y bien distribuidas, y que ofrezca condiciones atractivas para el personal.

“Para ello –ha defendido– necesitamos mantener la inversión, reforzar la planificación y seguir impulsando políticas de largo alcance”.

Castillo también señaló que el envejecimiento de las plantillas y la falta de especialistas en áreas clave son desafíos que enfrenta el sistema, junto con la competencia entre comunidades autónomas por retener y atraer talento. En respuesta, el SALUD ha aumentado el número de futuros médicos y mejorado las condiciones laborales, con medidas como la jornada de 35 horas y un incremento del 15% en el gasto de nóminas.

Desde el ámbito político, las opiniones son variadas. Susana Gaspar del PP destacó el aumento del gasto en servicios privados, mientras que Iván Carpi del PSOE criticó la privatización creciente del sector. Santiago Morón de Vox y Joaquín Moreno de A-TE comentaron sobre los desafíos de contratación en áreas rurales, y Álvaro Sanz de IU cuestionó la gestión gubernamental del sistema.