El Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha solicitado ante el Parlamento regional la creación de una comisión investigadora dirigida al Gobierno de Aragón por supuestamente no adherirse a las normativas de disminución de la temporalidad laboral.
“La aplicación incorrecta de la ley ha tenido un impacto grave y negativo en miles de trabajadores, en su mayoría mujeres mayores de cincuenta años, que no solo no han visto su derecho a la estabilización, sino que en muchos casos han sido despedidas sin recibir la compensación máxima de veinte días prevista en la ley”, declaró María Pilar Remirez, representante de STEPA, durante su intervención en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos.
Remirez destacó que el abuso de la contratación temporal en el sector público “se produce sobre las personas cuando son contratadas como temporales para cubrir puestos permanentes durante largos periodos de tiempo”. Añadió que “la directiva europea obliga a definir cuando un contrato es temporal, prevenir abusos, sancionar a los empleadores y proteger al personal afectado”, algo que “no se está realizando”.
Según datos presentados por Remirez, “En 2021, la tasa era del 48,6 por ciento y en junio de 2025, ha sido del 47,7 por ciento”, y cuestionó “qué es lo que ha pasado para que no haya habido apenas variación en la tasa cuando había una ley española de obligado cumplimiento para reducirla al 8 por ciento”.
Alberto Anuncibay Álvarez, asesor jurídico de STEPA, subrayó que “no existe en el derecho español ni una sola medida que dé cumplimiento a la obligación de sancionar los abusos en la temporalidad”. Explicó además que los concursos de méritos permiten a los empleados aportar como mérito su experiencia profesional hasta un límite de 15 años, destacando que “en el cuerpo de administradores superiores se han convocado únicamente dos plazas para todo el Gobierno de Aragón y solo ochenta y seis aspirantes tienen más de quince años al servicio de esta administración”. Concluyó afirmando que hay “una evidente falta de voluntad política”.