La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones, Carmen Susín, ha comparecido este martes ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, donde ha puesto en valor la “eficiencia y agilidad” del sistema aragonés de atención a la dependencia y ha reclamado un refuerzo de la financiación estatal.
Susín ha subrayado que el actual Ejecutivo autonómico ha priorizado el gasto social y ha cerrado su intervención afirmando que “El Gobierno de Jorge Azcón ha destinado el mayor presupuesto de la historia de Aragón a los servicios públicos, con un récord de inversión en dependencia, demostrando que una buena gestión es lo opuesto a la propaganda, a la pancarta estridente y a los 'derechos de papel”. Con estas palabras ha puesto fin a su intervención en la Cámara Alta.
Antes de concluir, la responsable autonómica ha detallado las principales reivindicaciones de Aragón en materia de financiación de la dependencia, recordando que se trata de una competencia compartida con el Estado.
Durante su exposición en el Senado, en Madrid, Susín ha ilustrado los avances del sistema autonómico de dependencia con la reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes. El plazo se sitúa ahora en 134 días –con datos a 28 de febrero de 2026–, lo que coloca a Aragón 204 días por debajo de la media nacional, fijada en 338 días, y en una posición de “liderazgo en la agilidad administrativa”, ha remarcado.
Ha precisado que esta mejora no es “fruto de la casualidad”, ya que “Aragón ha realizado un importante trabajo en los dos últimos años y medio para mejorar su sistema de dependencia: se ha dado un salto cualitativo y estamos alcanzando, mes a mes, máximos históricos en la cobertura del sistema”.
La consejera ha repasado también las cifras de ejecución presupuestaria de 2024, a la espera de que se cierren los datos de 2025. Según ha indicado, el Gobierno de Aragón destinó en 2024 un total de 319 millones de euros al sistema autonómico de dependencia, lo que supuso “un récord histórico de financiación” y que, de acuerdo con las previsiones, será superado en 2025.
Impacto de la dispersión y el envejecimiento en el coste del sistema
Susín ha recordado que la prestación de servicios públicos en Aragón, incluida la dependencia, resulta más costosa por la dispersión del territorio y el acusado envejecimiento de la población. Ha señalado que se trata de la cuarta comunidad en superficie y, sin embargo, la tercera con menor número de habitantes.
Ha puesto como ejemplo que “Tres de cada cuatro municipios aragoneses tienen menos de 500 vecinos; gran parte de Aragón es un desierto demográfico”, y ha defendido “una financiación justa” que evite que haya “dependientes de primera y de segunda”.
En este contexto, ha detallado que la contribución del Estado al sistema de dependencia en Aragón ascendió en 2024 a 70,2 millones de euros por el nivel mínimo y 39,9 millones por el nivel acordado; en conjunto, 110 millones de euros, lo que equivale al 34% del gasto total.
De esta forma, ha señalado que Aragón “aporta 2 de cada 3 euros para sostener el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad”, una cifra “lejos del 50%-50% que marca la Ley de Dependencia desde el año 2006”, ha lamentado la consejera en funciones.
Según sus cálculos, “Hemos calculado que el Gobierno de Sánchez le debe a los dependientes aragoneses unos 450 millones de euros por no haber financiado ese 50% la dependencia desde el año 2018 hasta hoy”, ha recalcado Susín.
Ha añadido que “Así las cosas, el Gobierno de España ya estaba amenazando la viabilidad del sistema público de dependencia aragonés porque se niega a cofinanciarlo y, no conforme con eso, ahora está sobre la mesa una reforma que no va a servir para mejorar la situación y que ni siquiera se acompaña de una memoria económica solvente”, ha anotado.
Advertencia sobre la reforma de la Ley de Dependencia
En relación con la reforma de la Ley de la Dependencia y de la Discapacidad impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Susín ha lanzado una advertencia. Ha recordado que el texto promete “incorporar nuevos derechos”, pero ha avisado de que “Desgraciadamente serán 'derechos de papel' si no se ponen recursos para hacerlos efectivos”, ya que “sin una planificación presupuestaria acorde, lo que nos está pidiendo el Gobierno de España a las CCAA es que volvamos a poner su parte”.
Ha criticado que esta forma de legislar, que a su juicio se ha convertido en seña de identidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, alimenta “la frustración y la desconfianza en lo público”.
En la parte final de su intervención, la consejera en funciones ha insistido en que Aragón “está haciendo los deberes respecto a la dependencia”, y lo está haciendo “pese a que el Gobierno de España no está haciendo lo propio”.
La sesión en la que ha participado Susín se ha celebrado en la sala Europa del Senado. En la misma comisión han comparecido también las responsables de los departamentos y consejerías con competencias en servicios sociales de Galicia, Cantabria, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Más personas atendidas y menos expedientes pendientes
Según los últimos datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a 28 de febrero de 2026 el sistema público de dependencia atiende a 49.233 aragoneses, el máximo histórico, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo momento del año anterior.
Por provincias, 32.090 personas atendidas residen en Zaragoza, 11.870 en Huesca y 5.273 en Teruel. En conjunto, reciben 65.444 prestaciones, de las cuales un 56% son de carácter económico y el 44% restante son servicios.
Entre las ayudas económicas sobresalen las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar (PECEF), que siguen siendo la modalidad con mayor número de beneficiarios: 25.067 perceptores, un 5,2% más que en febrero de 2025. En cuanto a la Prestación Económica de Colaboración con la Persona Cuidadora (PECPC), se han alcanzado los 1.199 titulares, repartidos en 896 en Zaragoza, 209 en Huesca y 94 en Teruel.
Además, las solicitudes pendientes de valoración se han reducido un 12,87% en los últimos doce meses, hasta situarse en 2.863 expedientes; es el registro más bajo desde febrero de 2022, cuando se contabilizaron 2.882.
El máximo de solicitudes sin valorar se alcanzó en septiembre de 2024, con 4.898 expedientes, de modo que la reducción respecto a ese pico es del 41,55% a febrero de 2026. Estos y otros indicadores son remitidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales al IMSERSO para la elaboración mensual de las estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).