La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha comparecido este martes ante la comisión sectorial de las Cortes de Aragón, a petición de PSOE e IU. Durante su intervención, ha subrayado que “las autoridades y servicios públicos tienen la obligación de prestar la atención inmediata que requiera cualquier menor”, y ha avanzado que “se está haciendo un gran esfuerzo en la captación de familias de acogida con el objetivo de avanzar en la desinstitucionalización”, precisando que “ya son siete las familias que, desde el mes de septiembre, están recibiendo la formación e información”.
Al inicio de su exposición, Susín ha puesto el foco en que “la protección de menores es el conjunto de actuaciones que tienen como finalidad prevenir situaciones de riesgo mediante su integración en grupos de convivencia que fomenten su desarrollo integral como personas”.
En la misma línea, la responsable del Departamento ha explicado que “las medidas de protección consisten en prevenir, detectar y corregir las situaciones de desamparo”, detallando que “cuando la Administración de la Comunidad, de forma directa o mediante notificación, tenga noticia de una posible situación de desamparo, la dirección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales es la que incoa el oportuno procedimiento administrativo de protección”.
Antes de concluir, la consejera ha afirmado comprender las demandas del personal de los centros y ha señalado que “entender las reivindicaciones salariales de los trabajadores de los centros”, al tiempo que ha criticado que ha asistido “a noticias donde se filtraban datos de menores y supuestas agresiones a trabajadores que no eran ciertas”. A su juicio, “se está ofreciendo una realidad distorsionada del sistema de protección a la infancia”.
En el turno de los grupos, la diputada del PSOE Pilimar Zamora ha pedido “medidas que refuercen el sistema de protección de menores”, argumentando que “la infancia no ha sido una prioridad en esta Legislatura” y que “los trabajadores del sector le piden que ejerza su responsabilidad mientras sufren bajas que tardan meses en cubrirse y vemos equipos infradotados”.
El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha lamentado que “teníamos un sistema de protección de menores reconocido fuera de Aragón, pero se ha ido abandonando y ha perdido su calidad”, y ha planteado a la consejera “cómo se forma a familias especializadas en la acogida de perfiles con dificultades”.
Desde el PP, Silvia Casas ha puesto en valor el “enorme trabajo que desarrollan todos los días los trabajadores del sistema” y, de forma particular, “las familias de acogida”, a las que ha definido como “las verdaderas artífices de que nuestro sistema de protección a la infancia sea modélico”.
El diputado de Vox David Arranz ha remarcado que “las políticas de infancia y adolescencia son una prioridad” y “deben servir como referente de la defensa de la familia, la prioridad nacional o el fin de todo el adoctrinamiento ideológico y la priorización de los recursos”.
Por parte de CHA, Isabel Lasobras ha advertido de que “uno de cada cuatro menores vive en situación de pobreza en Aragón”. A su juicio, “la pobreza infantil en la Comunidad no es algo marginal, y la infancia y la adolescencia no pueden convertirse en un instrumento al servicio de políticas que puedan debilitar lo público”.
En representación de Teruel Existe, Pilar Buj ha insistido en que “se tiene que atender el refuerzo urgente de vacantes y establecer un plan de acogida y coordinación para menores migrantes”, y ha solicitado a Susín que detalle “qué partidas ha destinado a la contratación de equipos de atención temprana y de salud mental infanto-juvenil”.










