El grupo ciudadano Teruel Existe ha expresado nuevamente su rechazo al plan de almacenamiento masivo de CO2 en la región del Maestrazgo, destacando que ‘la destrucción del territorio para la instalación de macro renovables es la puerta de entrada a otros proyectos extractores y especulativos, que destrozarán esa zona de alto valor medioambiental’.
Durante una conferencia de prensa realizada este jueves, los voceros del sector energético del movimiento, Ernesto Romeo y Joaquín Gargallo, explicaron los pasos a seguir para implementar este proyecto de almacenamiento de CO2 y anunciaron que están preparando alegaciones para los alcaldes y residentes locales.
Según Romeo, la solicitud para el permiso de investigación de este proyecto se publicó el 18 de julio en el BOA, siendo Iberia Decarb Hub Aragon, una entidad de Nexwell Power, la solicitante. Este proyecto, que pretende almacenar aproximadamente 100 millones de toneladas de CO2 en un área de 13.534 hectáreas, es considerado el más grande en España. ‘Es la evidencia de cómo quieren destruir el Maestrazgo completamente para esquilmar sus recursos, sin tener en cuenta su patrimonio natural y cultural ni a sus vecinos, y sin una ordenación del territorio, que podría haber determinado el modelo de desarrollo de cada comarca’, enfatizó Romeo.
Gargallo, por otro lado, señaló que se empleará la Ley de Minas para la tramitación del proyecto, lo cual permitiría posteriormente la exploración sin la necesidad de una evaluación ambiental o consultas públicas. ‘Es ahí donde el Gobierno de Aragón dice que no tiene nada que ver, cuando en realidad sí lo tiene, tanto en la ordenación del territorio como en todas las autorizaciones de minas porque las realiza el Gobierno de Aragón’, agregó.
Finalmente, Gargallo destacó que el proceso de obtención del permiso de investigación es ‘la última oportunidad que tiene el ciudadano para alegar contra el proyecto, pues, en las fases sucesivas, ya no existe información pública’. Además, aseguró que el enfoque de Teruel Existe seguirá siendo el de ‘presentar alegaciones y ponerlas a disposición de ciudadanos y administraciones para que podamos defender nuestro territorio y nuestra forma de vida, que ya es sostenible’.