La Sala del Aljibe del Palacio de La Aljafería ha sido este lunes el escenario de la presentación del volumen “700 años de la prohibición del tormento judicial en Aragón”, coordinado por el jurista Jesús Delgado. Durante el acto, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha subrayado que se trata de “una de las fechas más relevantes del Derecho aragonés”.
El 10 de octubre de 1325, y a iniciativa de las Cortes de Aragón, el monarca Jaime II “El justo” ordenó la eliminación del tormento judicial, que quedó vetado por fuero. La obra ha sido impulsada por la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y cuenta con textos de Delgado, Jesús Morales, Daniel Bellizo, Guillermo Fatás, Juan Francisco Baltar y Natividad Fernández Sola.
Marta Fernández ha remarcado que “no es casualidad” que se haya optado por la Sala del Aljibe o Sala Baja de La Aljafería para la presentación, al recordar que este espacio se integra en un conjunto arquitectónico que ha tenido “distintos usos, entre otros el de calabozo de la Inquisición”.
La presidenta de las Cortes ha agradecido a la Justicia de Aragón la edición del libro, resaltando que su cometido es velar por los derechos de la ciudadanía y por el respeto al ordenamiento jurídico.
Fernández ha recordado que la supresión del tormento judicial supuso la consagración de principios como “la dignidad de la persona, la presunción de inocencia y la exigencia de prueba racional” en los procedimientos. Ha advertido de que “el ser humano es capaz de los mayores errores y horrores” y ha lamentado que, en el panorama internacional actual, “no parecemos muy avanzados”.
Por su parte, Concepción Gimeno ha recalcado que la eliminación de la tortura judicial en la Corona de Aragón constituyó “un acontecimiento excepcional y pionero” en el contexto de hace 700 años, hasta el punto de ser “una de las fechas más hermosas de nuestro derecho”. Ha recordado, además, que la prohibición de la tortura figura en la Constitución de 1978 y en la normativa internacional desde 1948.
La Justicia de Aragón ha reivindicado “la continua inclinación aragonesa por la justicia y la defensa de la libertad”, insistiendo en que el hito conmemorado supuso “un paso de gigante hacia un mundo más civilizado”. También ha puesto en valor “la generosidad y el talento” de los autores, y ha destacado el papel decisivo de los profesores Jesús Delgado y Guillermo Fatás en la gestación del proyecto.
“Un caso rarísimo en el Continente”
El catedrático emérito de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Jesús Delgado, ha señalado que la supresión de la tortura judicial es “un caso rarísimo en el Continente, posiblemente único” y ha precisado que el libro incorpora un exhaustivo trabajo de archivo con “bastantes novedades”, así como una nueva lectura del derecho procesal aragonés, que guarda más similitudes con el derecho inglés que con el continental.
Delgado ha aludido al jurista aragonés del siglo XVI Miguel del Molino, “el centro de todo lo que se ha escrito en Aragón desde el punto de vista de juristas y fueristas en esta materia”, y ha explicado que “la tortura está prohibida por fuero por regla general, en Aragón no tenemos tormento y esta es una de las grandes libertades de Aragón, excepto en los casos de falsificación de moneda, cuando se podía apicar a personas extrañas al Reino de Aragón, que no tenían bienes o eran viles, aunque hay “una historia paralela”, la de la Inquisición eclesiástica española.
Ha añadido que “este privilegio fue concedido no solo a las personas del Reino de Aragón, sino también al territorio e, incluso, las personas forasteras gozan de las libertades del Reino y no pueden ser torturadas”. Asimismo, ha recordado que “tampoco se puede encarcelar de cualquier manera antes del juicio”.
La catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza, Natividad Fernández Sola, ha defendido que este asunto “lejos de ser un tema histórico es algo actual” y que la incorporación de esta prohibición al derecho internacional ha sido “muy tardía”, resaltando que Aragón fue “pionero en un momento muy temprano”.
Según ha explicado, “ha tenido que pasar el Holocausto y la II Guerra Mundial para que la comunidad internacional regulara los derechos humanos más esenciales, entre ellos la prohibición de la tortura”, derecho que se consolidó tras la creación de Naciones Unidas. Ha puntualizado que se le ha otorgado “poca agilidad” debido al peso de la soberanía estatal, ya que “cada Estado regula esas cuestiones para sus ciudadanos como bien le parece”.
Tras el reconocimiento de este derecho fundamental por parte de la ONU, se aprobaron diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención contra la Tortura de 1984 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1953, además de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, como las sentencias contra Turquía por torturar a presos kurdos.
Fernández Sola ha advertido de que hay “situaciones crónicas de violación de esa prohibición en países democráticos y no solo en Estados autoritarios o fallidos”, citando como ejemplo la prisión estadounidense de Guantánamo, amparada en la lucha contra el terrorismo internacional. “Todavía quedan personas en Guantánamo”, ha recordado.
También ha aludido al conflicto entre Israel y Gaza, donde “ha habido torturas por los dos lados y está documentado por ambas partes”, así como al régimen sirio de Al Assad. “La conclusión es si hemos avanzado algo o nada”, ha planteado.