Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, ha evaluado de manera ‘positiva’ los primeros dos años de Jorge Azcón como líder de la región, destacando un notable desarrollo económico gracias a grandes inversiones para transformar Aragón en ‘esa legislatura de la prosperidad, oportunidades, creación de empleo y crecimiento económico a lo largo de todo el territorio’.
En sus declaraciones antes de visitar el Ayuntamiento de Huesca, Vaquero recordó que ‘fueron los aragoneses quienes decidieron que Aragón necesitaba un cambio de gobierno que estuviera liderado por el Partido Popular’, y enfatizó el compromiso del Gobierno de cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Afirmó que ‘más de la mitad’ de los compromisos ya se han llevado a cabo y que el trabajo continúa con un gobierno que está ‘en marcha’ y ‘proyectado para seguir hasta el final de la legislatura’.
Asimismo, señaló la estabilidad diaria del Gobierno, a pesar de contar con un presupuesto prorrogado, destacando que este ‘afronta el garantizar las necesidades de todos los aragoneses y ese proyecto de prosperidad y bienestar’. Además, mencionó que los consejeros ya han preparado los presupuestos del 2026, los cuales serán presentados en las Cortes para su aprobación.
SERVICIOS PÚBLICOS Y DEFENSA DE ARAGÓN
La vicepresidenta también subrayó la importancia de mejorar y fortalecer los servicios públicos, con aumentos presupuestarios significativos en áreas clave como la sanidad, educación y servicios sociales, ‘para garantizar que todos los aragoneses, a lo largo de todo el territorio, puedan gozar, además de prosperidad, también de bienestar’.
Finalmente, Vaquero enfocó su atención en ‘la defensa de Aragón que desde un primer momento ha ejercido el presidente Azcón’, destacando problemas como ‘el ataque permanente desde el Gobierno de España y esa necesidad de supervivencia’ y las ‘concesiones a sus socios independentistas, que inciden negativamente’ en la región. Resaltó los desafíos que esto representa para los servicios públicos aragoneses debido a ‘una financiación privilegiada a la medida de Cataluña y que supone una amenaza y un ataque a los servicios públicos aragoneses por la merma que ello puede suponer’.















