El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Juan Vidal, ha arremetido contra el “silencio atronador y absoluto” que, a su juicio, mantienen PP y PSOE respecto a la denominada 'Operación Perserte', una presunta trama de corrupción medioambiental ligada a parques eólicos y fotovoltaicos en la que figura la empresa Forestalia. Por ello, ha reclamado “una revisión interna y asumir responsabilidades” en el plano estrictamente político.
En una comparecencia ante los medios este lunes, Vidal ha insistido en la “gravedad” de lo sucedido, recordando que la operación, impulsada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), ha desembocado en varias detenciones, entre ellas la del presidente de Forestalia, Fernando Samper, además de registros en distintas sedes.
La causa investiga posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
“Ante la gravedad de estas acusaciones casi insólitas en Aragón por su envergadura, nos resulta llamativo el silencio absoluto del bipartidismo, PSOE y PP, tras estos registros ocurridos hace pocos días”, ha señalado Juan Vidal, subrayando que los hechos “exponen pagos sospechosos y favores administrativos que impactan directamente en los aragoneses”.
Según el parlamentario de Vox, pese a la magnitud del caso, “no han provocado respuestas públicas de quienes han gobernado o gobiernan ahora”. En su opinión, “nadie está asumiendo responsabilidades y deberían tener una revisión interna y asumir responsabilidades, por lo menos desde el punto de vista político”, dado que “la parte judicial o penal está bajo trámite y seguirá su curso”.
En esta línea, se ha cuestionado: “¿Debe interpretarse esta falta de reacción como una posible indiferencia ante perjuicios al territorio y la economía local?”.
Vidal también ha criticado que “tampoco entendemos --ha dicho Vidal-- que partidos que formaban parte del Gobierno cuatripartito de Lambán --PSOE, Podemos, CHA y PAR--, ahora exijan paralizaciones de proyectos cuando ese mismo estuvo promoviendo el despliegue descontrolado de parques de renovables, incluso permitiendo que cargos de sus partidos hicieran uso de las puertas giratorias para pasar a trabajar en el entorno de Forestalia, como también fue el caso de CHA”.
Acciones de Vox ante la macrocausa
En este contexto, el representante de Vox ha recalcado que su partido actúa “con acciones concretas” y ha rememorado que en diciembre de 2024 presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el macroparque del Clúster del Maestrazgo, “el mayor proyecto eólico de España, impulsado por Forestalia en Teruel”.
Ha detallado que esta iniciativa judicial se apoya en un análisis exhaustivo realizado por Vox a partir de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en las Cortes de Aragón, y “identifica presuntas omisiones serias en informes ambientales y fragmentaciones de proyectos para mantener la aprobación de las licencias a nivel regional”.
Respecto al trabajo de dicha comisión, Vidal ha considerado que “dio muchísima información” y “de ahí han salido muchísimas cosas”, aunque ha advertido de que “ahora en las inspecciones se está mirando la punta del iceberg de lo que va a poder pasar si se siguen ese tipo de investigaciones”.
Además, ha rememorado que durante el periodo en el que Vox formó parte del Gobierno de Aragón --de agosto de 2023 a julio de 2024-- “desarrolló los trabajos de identificación de las zonas de paisaje que se debían preservar y el macroparque del Maestrazgo sobrepasaba las zonas reservadas y límites protegidos”.
Responsables señalados en la investigación
Por otra parte, Vidal ha mencionado a tres “figuras principales” que, según las diligencias judiciales, aparecen como presuntos responsables de actuaciones ilícitas. En primer término, el exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Domínguez, quien, según los informes de la Guardia Civil, “habría recibido más de 5 millones de euros mediante sociedades de su entorno familiar a cambio de emitir declaraciones de impacto ambiental positivas para iniciativas de Forestalia”.
También ha aludido al exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, descrito como “elemento clave en un sistema de presiones para acelerar actuaciones” y quien, según testimonios de funcionarios, “presuntamente, rechazaba informes negativos sin una base técnica, alineando sus resoluciones con los fines de Forestalia”, lo que habría permitido autorizar numerosos parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel y Zaragoza.
En último lugar, se ha referido al exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, a quien la investigación “le atribuye presuntas amenazas de despido a técnicos que resistían proyectos de Forestalia, como en instancias donde se debatía el fraccionamiento de instalaciones para evitar revisiones rigurosas”.
Según ha apuntado Vidal, “estas prácticas, bajo un Ejecutivo cuatripartito, habrían priorizado ventajas empresariales sobre la defensa de suelos agrícolas y recursos hídricos en Aragón”.
Impacto en inversiones y empleo
Del mismo modo, el diputado de Vox ha advertido sobre las “incertidumbres” que rodean a inversiones avaladas por el Gobierno de Aragón que “involucran” a Forestalia y que, en su opinión, podrían suponer “una posible amenaza contra el empleo”, citando como ejemplo la gigafactoría de Figueruelas o el proyecto 'Búfalo' --tres centros de datos en la provincia de Zaragoza--.
“Prometen puestos de trabajo pero demandan enormes recursos hídricos y eléctricos en una zona sensible al problema de la despoblación”, ha indicado Juan Vidal, para remarcar que Vox defiende “un desarrollo que respete el medio ambiente y beneficios para los aragoneses, no para redes ocultas”.
En esta línea, ha concluido que también “exigimos auditorías independientes de todos los proyectos autorizados y controles estrictos en las adjudicaciones. Solo así aseguraremos un porvenir equitativo para nuestra región”.