QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El grupo de Vox en el Congreso de los Diputados ha interpelado al Gobierno mediante una serie de preguntas escritas, solicitando aclaraciones sobre los efectos adversos provocados por la reciente apertura de un carril bici de 9,5 kilómetros que conecta Sabiñánigo con Jaca (Huesca), a lo largo de la N-330.
El proyecto, que ha costado 3,2 millones de euros sufragados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fue presentado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en julio de 2024. La obra ha implicado la reducción del ancho de los carriles para automóviles a tan solo 3 metros, la limitación de la velocidad a 50 kilómetros por hora y la instalación de señalización que da prioridad a las bicicletas en las intersecciones.
Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, diputados de Vox y promotores de la iniciativa, argumentan que las quejas de los residentes y de asociaciones locales indican un incremento en los riesgos viales y en la congestión del tráfico.
Según señalan, este cambio ha causado demoras en el transporte escolar, ha aumentado los tiempos de viaje para los trabajadores, ha elevado el consumo de combustible y ha incrementado el riesgo de accidentes debido a colisiones y frenadas abruptas. Además, han mencionado que muchos conductores no reconocen este segmento como un carril bici prioritario, lo que intensifica los conflictos en la vía. Incluso, grupos de ciclistas han criticado la instalación de elementos de señalización que consideran peligrosos para ambos, ciclistas y vehículos.
Dentro de las seis preguntas realizadas, Vox exige al Ejecutivo que divulgue si se ha valorado el impacto en la circulación tras la reducción de carriles y la imposición de nuevos límites de velocidad; si existen estudios sobre congestiones y prolongación en los tiempos de viaje; y si se han evaluado los riesgos de coexistencia entre ciclistas y vehículos en accesos e intersecciones. También preguntan sobre los efectos en el transporte escolar y personal, las medidas tomadas respecto a los pivotes, y si se contempló una alternativa que no afectara tanto el tráfico rodado. Esta acción se realiza conforme al artículo 185 del Reglamento del Congreso, buscando una respuesta escrita de la Mesa.
Desde Vox, fuentes parlamentarias han declarado que «el proyecto, promovido como una apuesta por la movilidad sostenible, podría encubrir una imposición ideológica que prioriza infraestructuras ciclistas sobre las necesidades reales de las zonas rurales, donde el vehículo privado sigue siendo esencial».
