QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha presentado 40 enmiendas al Proyecto de Ley de Vivienda, que consta de 78 artículos, impulsado por el Gobierno de Aragón.
La diputada Carmen Rouco ha comunicado el miércoles que estas modificaciones buscan «mejorar la Ley y ponerla al servicio de los aragoneses». Criticó que «PP y PSOE son los mismos que han creado el problema de la vivienda y ahora se presentan como gurús de la solución».
Según Rouco, una «buena Ley de Vivienda de Aragón debe ir acompañada de un plan de incentivos fiscales», recordando que «el Gobierno de Aragón ha recaudado en los nueve primeros meses de este año más que todo lo que preveían para vivienda en 2025».
La parlamentaria de Vox ha sugerido reinstaurar la cuenta ahorro vivienda con una deducción del 15% en el IRPF autonómico de las cantidades ahorradas e invertidas. «Esta deducción será del 20% para menores de 36 años, familias numerosas y personas con un grado de discapacidad de hasta el 65%», indicó. Además, esta deducción se incrementará al 50% si la compra es de vivienda habitual en municipios de menos de 3.000 habitantes.
Rouco también ha destacado la enmienda que sugiere bonificar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 99% para ciertos grupos demográficos, permitiendo así, por ejemplo, que «si un joven compra una vivienda de segunda mano por 200.000 euros, en vez de pagar 16.000 euros –con el 8% actual–, pague solo 80 euros». Para otros casos, Vox propone que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se reduzca del 8% al 4%. En cuanto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, proponen una reducción del 1,5% al 0,5%.
Además, Rouco ha propuesto añadir el concepto de «prioridad nacional» en la Ley de Vivienda, estableciendo criterios específicos para la adquisición y arrendamiento de viviendas protegidas en Aragón.
En temas de ‘okupación ilegal’, Vox busca excluir el derecho al realojo, y ha propuesto eliminar la vivienda de emergencia social de la ley, argumentando que «la Ley de Vivienda debe garantizar el acceso a una vivienda digna y estable y no incluir soluciones temporales como estructurales». Finalmente, ha expresado su desacuerdo con las modalidades de vivienda ‘cohousing’ y ‘coliving’, defendiendo que la ley debería asegurar viviendas estables y no compartidas a ciertas edades.
