Vox solicita a Azcón que rechace la regularización por arraigo que incentiva la inmigración irregular

Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, ha instado este lunes al gobierno de Jorge Azcón a rechazar la figura del arraigo, que considera una «regularización encubierta y masiva que premia la permanencia ilegal y alimenta el efecto llamada a la inmigración ilegal».

Desde la Oficina de Extranjería de Teruel, Nolasco ha declarado que bajo esta figura se promueven «fraudes y atajos legales como empadronamientos sin títulos de vivienda, parejas de hecho y matrimonio de convivencia, reagrupaciones familiares sin control y contratos laborales ficticios».

El líder de Vox, tras un evento en Murcia, ha comentado que «el PP está muy asustado por las encuestas porque no tienen un discurso creíble» y añadió: «Ayer copiaron el discurso de Vox». Nolasco ha lanzado «un guante» al PP para que se posicione en contra del arraigo.

Asimismo, destacó que «el número de extranjeros con residencia por arraigo ha aumentado un 650% en 5 años en España, pasando de 43.848 personas en marzo de 2020 a 328.841 en marzo de 2025, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones». Adicionalmente, señaló que la reforma del Reglamento de Extranjería en 2024 busca una «regularización masiva encubierta de casi un millón de ilegales en 3 años».

Nolasco argumenta que una herramienta diseñada para situaciones excepcionales se ha transformado en un canal que promueve abusos y fraudes por parte de quienes han entrado ilegalmente a España. Mientras tanto, «miles de aragoneses sufren el paro, la falta de vivienda o salarios bajos», el Gobierno de España «da oxígeno a las mafias de tráfico de personas y pone en riesgo la inseguridad y los servicios públicos en nuestros barrios».

Por ello, Vox impulsará una propuesta en las Cortes de Aragón para que el Gobierno regional apoye la eliminación del arraigo como mecanismo legal para la residencia en España y favorezca la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales, así como la supresión de financiación a entidades o ONGs vinculadas con las mafias de tráfico humano.