QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el Consejo de Ministros del pasado martes, el Gobierno de España aprobó un decreto para posponer un año la obligatoriedad del sistema Verifactu, destinado a la digitalización de la facturación empresarial. La noticia ha sido recibida con división de opiniones entre los autónomos y aplausos en la patronal.
Tal y como reveló el presidente, Pedro Sánchez, la prórroga es fruto de un acuerdo con Junts per Catalunya. Inicialmente, Verifactu debía ser obligatorio desde el 1 de enero de 2026 para empresas con ventas menores a seis millones de euros, y a partir del 1 de julio para más de 3,4 millones de autónomos. Con el nuevo calendario, estos grupos deberán adoptar el sistema desde el 1 de enero de 2027.
“Un alivio” o “un despropósito”
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), expresó su satisfacción por la decisión del Gobierno, que calificó como “un alivio para muchos autónomos”. “Bienvenido sea que el sentido común haya reinado. No se puede implementar una ley con sanciones cuando no hay seguridad jurídica”, comentó.
ATA, que llevaba tiempo solicitando esa prórroga, pone ahora el acento en realizar una campaña informativa durante 2026, que prepare a los empresarios para cuando el sistema sea obligatorio.
Por el contrario, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), señaló que “es un auténtico despropósito por parte del Gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Lo que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo está harto de esta situación”.
Abad es crítico con el propio sistema que fue diseñado para combatir el fraude: “No va a ser capaz de luchar contra el fraude que se produce con los profesionales de alta cualificación, que atienden a sus pacientes o a sus clientes en sus despachos, porque no van a emitir una factura”.
Y en la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), se mostraron sorprendidos porque algo que lleva más de dos años tratándose con las organizaciones que representan a los autónomos y los agentes sociales, se acabe retrasando. La medida, agregan, no supone “ningún avance para los autónomos”, aunque sí genera “inseguridad jurídica”.
Los empresarios lo celebran
También creen que provoca inseguridad jurídica en la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje); aunque también sostienen que representa “un desahogo para innumerables microempresas, pymes y autónomos que se encontraban bajo presión para actualizar sus sistemas”.
Fermín Albaladejo, su presidente, declaró “que el aplazamiento supone un respiro muy necesario para el tejido empresarial más pequeño, especialmente significativo para los jóvenes empresarios que lidian con márgenes reducidos y un entorno económico desafiante”.
Por su parte, para la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) “es una medida que la organización venía reclamando ante la evidencia de que una parte muy significativa de las pequeñas y medianas empresas no estaría preparada para el 1 de enero de 2026”.
Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, destacó que “avanza en la buena dirección y reconoce la realidad de miles de pymes y microempresas cuyos tiempos, recursos y capacidades técnicas no son equiparables a los de la gran empresa”. Para ella, “cada nueva obligación no es una norma más, sino una carga que se suma a un marco regulatorio ya excesivo y difícil de gestionar”.
