QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado “a petición propia”, tras ser condenado a dos años de inhabilitación para ese puesto por la revelación de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y formaliza igualmente el nombramiento de Teresa Peramato para ocupar el cargo.
La resolución del Tribunal Supremo (TS) contra García Ortiz se conoció hace 20 días y este lunes se difundió íntegramente la sentencia que le declara responsable tanto de la filtración a los medios del ‘email’ en el que el empresario y pareja de Ayuso se ofrecía a confesar, como de la posterior difusión de una nota de prensa en la que se le mencionaba expresamente.
La Sala Segunda del Supremo afirma en su fallo que el fiscal general del Estado “no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, calificando los hechos como un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador. Por ello, le impone dos años de inhabilitación para el cargo que desempeñaba, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales al novio de Ayuso.
En consecuencia, el BOE hace oficial el cese de García Ortiz como fiscal general del Estado, acordado mediante el Real Decreto 1138/2025, de 9 de diciembre, y precisa que se produce “a petición propia”, dado que el propio afectado comunicó su intención de abandonar el puesto pocos días después de conocerse el fallo del TS, expresándole además “los servicios prestados”.
Al mismo tiempo, el texto publicado detalla que el Consejo de Ministros de ayer aprobó dicho cese en aplicación de la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al concurrir la causa prevista en el artículo 31, relativa a las incompatibilidades de los miembros de la carrera fiscal.
Nombramiento de Teresa Peramato
En la misma edición del BOE se incluye el Real Decreto 1140/2025, de 9 de diciembre, por el que se designa a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, acuerdo que también fue adoptado en la reunión de ayer del Consejo de Ministros.
El artículo 124.4 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial. Además, la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal determina que debe ser escogido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional efectivo.
Peramato ha superado ya todos los trámites exigidos para su designación, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitiera un informe favorable. Posteriormente compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde se evaluaron sus méritos y su idoneidad para el puesto. Superado este proceso, el Consejo de Ministros de ayer acordó su nombramiento como fiscal general del Estado.
Perfil progresista y trayectoria en violencia de género
Teresa Peramato cuenta con 35 años de trayectoria en la carrera fiscal, en la que sobresale su especialización en la lucha contra la violencia de género y su perfil progresista. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde nació, ingresó en la carrera fiscal en 1990 y ha pasado por distintas fiscalías —Tenerife, Valladolid y Barcelona— hasta su llegada a Madrid. En 2005 fue designada fiscal delegada de la sección de violencia sobre la mujer.
En esa etapa participó en el grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la redacción del primer informe anual del organismo, presentado en 2007, consolidando su papel de referencia en esta materia.
Desde entonces ha ido asumiendo responsabilidades crecientes en este ámbito hasta que, en 2021, la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la nombró fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer. Ya bajo el mandato de García Ortiz, fue elegida fiscal delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal y jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, funciones que ejercía junto con otros tres fiscales.
