Asamblea7Islas y la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados han registrado este viernes en el Parlamento de Canarias más de 13.000 firmas con el objetivo de exigir al Gobierno de Canarias que adopte medidas urgentes para poner fin a la situación de las personas con alta médica que continúan ingresadas en los hospitales del archipiélago.
Sus portavoces, que detallarán el problema en la comisión de Bienestar Social de la Cámara autonómica, calculan que actualmente hay más de 500 pacientes en esta situación, lo que supone un gasto aproximado de unos 135 millones de euros al año para las arcas públicas.
Ambas organizaciones reclaman que se priorice y acelere la creación de nuevas plazas sociosanitarias, incluso mediante una reforma legislativa, tanto en forma de residencias como de centros de día y unidades de media estancia para atender a estas personas fuera del entorno hospitalario.
Al mismo tiempo, piden el “desarrollo urgente” de un plan de transición hospitalaria, con protocolos de derivación bien definidos; la puesta en marcha de unidades de cuidados prolongados o de convalecencia dentro de los hospitales o en coordinación con ellos, el refuerzo de una atención domiciliaria integral y una mejor coordinación entre las distintas administraciones implicadas.
El portavoz de Asamblea7Islas, Octavio Sánchez, ha subrayado el “coste brutal” que supone para el sistema sanitario mantener a estos pacientes en los hospitales y ha señalado que se trata de un “problema crónico que va más” cuando hace algunas décadas era algo “residual” que se dejara a personas en los servicios de Urgencias y, menos aún, ocupando una cama durante largos periodos.
Ha remarcado que estas personas no disponen de un “entorno adecuado” porque en un hospital solo se presta asistencia sanitaria y “pasan el día completo en una habitación, en su cama”, en algunos casos “meses y años”. “Es triste pasar por esos pasillos, ver estos pacientes quejándose, solos”, ha agregado.
En esa línea ha indicado que el propio personal lleva “bastante mal” la situación porque es “triste”.
“La verdad que es un cúmulo de cosas que estamos viviendo que no se vivía antes y que necesitamos soluciones por todos los lados”, ha señalado, poniendo como ejemplo el aumento del sinhogarismo, y que culminó hace un par de meses con la muerte de una persona ante los servicios de Urgencias de un hospital en Gran Canaria pues no se quiso tomar su tratamiento.
CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Sánchez se ha mostrado “crítico” con la gestión del área de Bienestar Social del Gobierno canario, al considerar que si la política social fuera “buena”, este problema no se daría, ya que las familias contarían con los apoyos necesarios de los servicios sociales para poder atender a sus allegados en el domicilio.
“No tenemos residencias públicas, no tenemos centros de día donde una persona por la mañana pueda dejar a su familiar, va a trabajar, vuelve por la tarde y se lo lleva para su casa, no lo hay, todo esto es consecuencia de una política que se está haciendo y que no es la beneficiosa”, ha comentado.
El portavoz de Asamblea7Islas cuestiona que se continúe “parcheando” la situación con ayudas de “400, 500 y 600 euros” o con apoyos durante “dos o tres horas” que, a su juicio, no cubren las necesidades reales de las familias cuidadoras.
María Rosa Pulido, portavoz de la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados, ha denunciado la “dejadez” de las administraciones con las personas dependientes, muchas de las cuales, afirma, se encuentran “desatendidas”.
Ha explicado que la lista de espera de dependencia alcanza ya las 25.000 personas y que, solo en lo que va de año, más de 2.000 han fallecido, mientras unas 15.000 siguen aguardando la resolución de una PIA.
No entiende que desde el Gobierno se pretenda “desinstitucionalizar” la dependencia cuando los hogares “no están adaptados” y el servicio de teleasistencia no está plenamente operativo, y en el caso de Gran Canaria, por ejemplo, ha apuntado que las empresas funcionan “muy mal”.
Asimismo ha reprochado que en Gran Canaria haya cuatro residencias finalizadas, dos de ellas desde el año 2024, y que continúan “sin abrir” a la espera de la formalización del convenio de dependencia.