La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha adelantado este jueves que el Ejecutivo autonómico se personará en el procedimiento si finalmente un juzgado abre una causa penal por las presuntas irregularidades detectadas en las oposiciones para cubrir 141 plazas en la Policía Canaria.
En su intervención ante la comisión parlamentaria, y a preguntas de NC-BC y Vox, ha precisado que, por el momento, no tienen “conocimiento oficial” de que se hayan iniciado actuaciones judiciales, aunque ha recordado que los empleados afectados, en torno a 200, ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Barreto ha explicado que, una vez designado el tribunal calificador, la Consejería “da un paso a un lado” y debe “respetar” su autonomía, pese a que ya se han contestado alrededor de 70 recursos administrativos. Ha reconocido, además, que le “cabrea” lo ocurrido porque el Ejecutivo se siente “agraviado”: por un lado, se paraliza el refuerzo de la plantilla de la Policía Canaria, que ha definido como una política “estratégica”, y por otro, se proyecta una “duda” sobre todo el proceso selectivo.
“Haremos todo para depurar, queremos que no haya dudas con la legalidad”, ha remarcado, recalcando que en todas las convocatorias de empleo público surgen recursos que finalmente se van resolviendo por las vías previstas.
Carmen Hernández (NC-BC) ha advertido de que estas supuestas irregularidades constituyen uno de los “asuntos más delicados y más graves” que se le pueden atribuir a un Gobierno, hasta el punto de que se ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Según el relato de los afectados, ha apuntado, “no se han respetado las bases del concurso” y se han “manipulado para beneficiar a terceros de tal manera que “ponen en duda” a miembros del tribunal.
La diputada canarista ha insistido en que se trata de un “tema grave” que “afecta a la imagen” del cuerpo policial debido a la falta de “limpieza” en la selección y a las posibles “garantías legales” que puedan reclamar tanto los aspirantes perjudicados como quienes finalmente obtengan las plazas.
En esa línea ha comentado que este expediente lo impulsa la Consejería, “no nace del cielo” y frenta a esta situación, ha reprochado a Barreto que “no hace nada”. “No se puede desvincular del proceso, el Gobierno firma resoluciones y es quien impulsa el expediente”, ha señalado.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha defendido que en unas oposiciones no puede haber “dudas” y, por ello, ha criticado que la consejera no haya ordenado al menos una “mínima investigación” interna para comprobar si las denuncias de los trabajadores tienen fundamento.
“Si hay unos audios, hay que escuchar el audio, ver si esa voz corresponde al presidente del tribunal y hacer una valoración, una mínima indagación. No se ha hecho. Se han dado por buenas las declaraciones de una persona frente a las de un candidato y hay que hacer una labor investigadora”, ha destacado.
Ha reiterado la exigencia de “pulcritud” en todo el procedimiento selectivo y ha reclamado que la Consejería incoe un expediente disciplinario para esclarecer posibles responsabilidades.