Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de Canarias, ha declarado que el gobierno regional no solo desea un asiento ocasional en el consejo de Aena, sino un papel activo en las decisiones “estratégicas” que afectan la gestión aeroportuaria, incluyendo los incrementos en las tarifas aéreas.
Durante una sesión en la comisión parlamentaria, Rodríguez expresó su descontento ante la falta de respuesta del Ministerio de Transportes a la solicitud canaria, tras el anuncio de Aena de aumentar las tasas un 6,5%. Aena, sin embargo, aclaró que posee la “capacidad” legal para ajustar las tarifas con la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
El consejero subrayó que la demanda de Canarias no es trivial ni se basa en la influencia política de otros territorios como Cataluña o en el poder de grupos de interés turístico como en Baleares. “No estamos pidiendo una silla para hacer un favor a alguien sino que se cumpla nuestro fuero, el Estatuto aprobado en 2018”, explicó, haciendo hincapié en que el artículo 161 del Estatuto otorga a Canarias el derecho a participar en decisiones estratégicas.
Además, señaló la importancia crítica de los aeropuertos para la movilidad en el archipiélago, describiéndolos como la “única alternativa” para los residentes. Rodríguez también recordó que el Estatuto manda a las Cortes a crear una “ley específica” que regule esta participación canaria en la gestión aeroportuaria.
Jonathan Fumero, de Coalición Canaria (CC), criticó a Aena por ignorar el Estatuto de Autonomía a pesar de reportar beneficios récord de casi 2.000 millones en 2024, tratando a los canarios como si “fueran menores de edad permanentemente”.