Los centros de menores de Canarias acumulan en lo que va de ejercicio un total de 24 agresiones, lo que supone un descenso del 66,3% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 66, y su peso dentro del conjunto de incidentes también se reduce, al pasar del 44,9% al 31,7%.
Las cifras fueron presentadas este viernes por la directora gerente de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, María Candelaria Márquez, durante su comparecencia en la comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias. En su intervención detalló que el centro de La Montañeta (Gran Canaria) registró 92 accidentes laborales en el periodo 2024-2025, de los que 44 fueron agresiones, mientras que en Valle Tabares (Tenerife) se notificaron 111 accidentes, 41 de ellos agresiones.
En la comisión, Márquez recordó que “Los centros de internamiento que gestiona IDEO no son espacios perfectos ni libres de conflictos. Sería ingenio decirlo porque trabajamos con jóvenes que han cometido delitos y que arrastran historias de violencia, de abandono, adicciones y problemas de salud mental, pero tampoco son espacios abandonados a la suerte ni fuera de control”. Subrayó además que el trabajo “no es fácil ni inocuo” pero el personal no está “ni desprotegido ni abandonado a su suerte”.
Según explicó, no existe una “espiral incontrolada” de violencia, sino un contexto en el que los protocolos “funcionan mejor” y en el que los incidentes graves “han bajado y no es por arte de magia, es por formación específica, por un uso más ajustado de los recursos de seguridad, por mejorar los planes de autoprotección”. A su juicio, estos avances evidencian que se está trabajando en la “dirección correcta”.
De cara a los próximos años, la responsable de IDEO señaló que el objetivo es seguir profundizando en la mejora de las ratios de atención, en la formación del personal, en las técnicas de contención verbal y gestión de crisis, en el apoyo psicológico a los trabajadores tras una agresión y en la detección precoz de aquellos menores que, por sus características clínicas, necesitan una intervención diferenciada.
Márquez indicó igualmente que en los últimos tres años no se ha producido “sobreocupación” en los recursos. En la actualidad, La Montañeta acoge a 69 menores y jóvenes y Valle Tabares a 89, por lo que no se alcanza el 100% de la capacidad disponible. “Son tasas de ocupación ajustadas a su capacidad, que permiten trabajar con ratios razonables y evitar situaciones de hacinamiento”, ha explicado.
Perfil de los menores y funcionamiento de los centros
La directora describió el perfil predominante de los usuarios como jóvenes de entre 16 y 21 años, en su mayoría varones, e insistió en que no existen “macrocentros incontrolados” en el archipiélago, sino “dispositivos que cada año atienden a varios centenares de personas en conflicto con la ley bajo la supervisión continua de los juzgados de menores”.
En estos centros se ejecutan medidas “muy diversas”, que abarcan internamientos en régimen cerrado, semiabierto y abierto, internamientos terapéuticos en los distintos regímenes, así como medidas de permanencia de fin de semana. Cada menor cuenta con un proyecto educativo y de intervención individualizado, sobre el que trabaja una plantilla de más de 300 profesionales, entre juristas, psicólogos, trabajadores sociales, tutores, educadores, maestros y personal de gestión, además de 70 vigilantes en cada centro.
Márquez reconoció que se trata de un “trabajo de riesgo”, motivo por el que la Fundación dispone de un servicio de asistencia psicológica para los empleados que sufran una agresión. En 2025 se han registrado seis solicitudes de apoyo en Valle Tabares y cuatro en La Montañeta.
En relación con las demandas del personal, admitió la “reivindicación legítima” sobre el reconocimiento de la figura de autoridad para los trabajadores, aunque recordó que esta modificación exigiría una reforma del Código Penal y, por tanto, excede las competencias de la Fundación.
Asimismo, avanzó que se está diseñando un instrumento de planificación estratégica con el fin de incorporar nuevas figuras profesionales a las plantillas, como monitores y monitoras auxiliares, que permitan “liberar” a educadores y monitores de parte de las tareas de convivencia. También se prevé la incorporación de mediadores y mediadoras interculturales para poder trabajar de forma más adecuada con la diversidad de perfiles presentes en los centros.
La directora se comprometió a “seguir informando con transparencia y rigor”, remarcando que los centros “no son ni cárcel ni residencias blandas de ocio”, sino recursos con una vida diaria “muy reglada, donde hay horarios, normas y sanciones cuando se incumplen”.
“Yo no tengo ningún interés en tapar problemas. Al contrario, cuando se detecta una mala praxis, se actúa. Cuando hay un incidente grave, se documenta. Cuando un trabajador, trabajadora, formula una queja, se tramita y se analiza”, ha resumido, defendiendo así el sistema de control interno y la respuesta ante posibles irregularidades.