El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió este martes de que el REF “puede morir” si finalmente se aprueba en las Cortes la ley de condonación de la deuda autonómica, al considerar que “deja entrever el futuro” de una posible integración de estos recursos en el sistema de financiación autonómica.
En la sesión de control del Pleno del Parlamento, y a raíz de una pregunta formulada por el Grupo Mixto, señaló que la medida sería “ilegal y dramático” para el archipiélago. Por ello reclamó a la Cámara “unidad” y que se mantenga “unánime” en la defensa del REF para hacer frente a lo que calificó de “injusticia”.
El jefe del Ejecutivo canario recalcó que el próximo año “vienen curvas” y que será imprescindible preservar la “unidad”. Rechazó expresamente la condonación de la deuda porque, en realidad, supone “mutualizarla”, de manera que “unos van a la fiesta, se lo beben y se lo comen todo y otros pagan la factura”.
Recordó que los canarios, con gobiernos de distinto signo político, han sido “rigurosos” en la gestión de la deuda, asumiendo “sacrificios” en los servicios públicos. Ahora, con la asunción de deuda por parte del Estado “de una parte de los territorios ricos”, advirtió de que esto implicará que cada ciudadano canario tenga que abonar más de 600 euros.
Clavijo reconoció que le “preocupa” el proyecto de ley porque “conculca algunos preceptos legales” y remarcó que Canarias resulta “triplemente perjudicada”, al ser la única comunidad autónoma a la que se fija un tope del 50% en la condonación.
Por su parte, Raúl Acosta (AHI) expuso que Canarias percibirá 3.259 millones por la condonación de la deuda, una cantidad que puede parecer “muy relevante” pero que, a su juicio, no es más que el “envoltorio de un ejercicio de trilerismo político”, al incorporar la “vinculación” del REF y el principio de ordinalidad.
En la misma línea, subrayó que se trata de un “momento especialmente delicado para Canarias” porque “está en juego” la solidaridad entre territorios y la “consolidación” del REF. Afirmó que la ordinalidad constituye la “sentencia de muerte” de la solidaridad “y la condena a la desigualdad perpetua” en el conjunto del Estado.
Según Acosta, con esta reforma “se limita la arquitectura del Estado de las autonomías y se incumple el artículo dos de la Constitución”, al tiempo que advirtió de que “el futuro no se presenta halagüeño” ante los “nubarrones” que se ciernen con el nuevo marco financiero plurianual de la UE.