El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha conseguido el respaldo mayoritario del Parlamento autonómico para iniciar una negociación con el Gobierno central con el objetivo de fijar compensaciones específicas para el archipiélago o, en su defecto, relajar las actuales reglas fiscales.
En declaraciones a los medios tras reunirse con los portavoces de los siete grupos parlamentarios, ha explicado que ha solicitado una reunión “urgente” con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el propósito de que se activen medidas singulares para las islas.
Clavijo ha advertido de que el decreto anticrisis aprobado por el Ejecutivo estatal tendrá un impacto negativo en Canarias, con una pérdida estimada de 150 millones del Fondo de Compensación por la rebaja del IVA, por lo que considera imprescindible articular fórmulas que eviten que la comunidad autónoma tenga que recurrir a sus propios recursos.
“Todos somos conscientes de que es un momento en el que tenemos que estar unidos porque no sabemos, hay mucha incertidumbre, cuánto va a durar la guerra, cuánto tiempo, si la guerra acaba mañana, el impacto en las infraestructuras y en la economía canaria va a tener durante meses su efecto y eso va a ir en detrimento de las familias más humildes y vulnerables de Canarias”, ha señalado.
El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha admitido que el margen de actuación del Ejecutivo regional “van a estar encorsetadas por dos límites”, pues solo cabe optar por una compensación directa o por una flexibilización de la regla de gasto.
En relación con la bonificación al combustible en las denominadas ‘islas verdes’, ha criticado que haya quedado “totalmente subsumida” por las sucesivas subidas de precios, reclamando ir “más allá” mediante un auténtico “escudo social”, ya que, a su juicio, el decreto anticrisis estatal “obvia en gran medida” las posibilidades de aplicación en Canarias.
El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha expresado su “apoyo” al Ejecutivo autonómico en la reclamación de compensaciones al Estado y en la defensa de las “singularidades” del archipiélago, y considera que se abre una “oportunidad” para relajar la regla de gasto.
No obstante, ha rechazado que el Gobierno regional “no tome ninguna iniciativa, solo a expensas de que pueda tener la posibilidad de un mayor endeudamiento o una relajación de las reglas fiscales” porque está “convencido” de la fortaleza del “autogobierno”.
“No se puede pedir siempre a España que actúe y en Canarias esperar a rebufo a ver qué es lo que sucede”, ha añadido.
Entre las iniciativas que plantea su grupo, ha citado la devolución a los transportistas del 99,9% del impuesto sobre los combustibles, la recuperación de la deducción en el IRPF para paliar el encarecimiento de la vida, el incremento de la cuantía de la renta de ciudadanía y la puesta en marcha de los complementos previstos en la normativa vigente.
CC reclama activar medidas propias de forma inmediata
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha considerado “difícil” que el decreto anticrisis obtenga el visto bueno del Congreso y, más aún, que pueda tramitarse como proyecto de ley, ya que el proceso se alargaría al menos un año y “a lo mejor” para entonces ya no sería necesario, por lo que ha planteado la opción de aprobar un decreto específico para Canarias.
En cuanto al paquete de actuaciones que estudia el Gobierno autonómico, los nacionalistas respaldan todas las medidas y las que puedan añadirse, y piden que, sin esperar al Estado, se apliquen “ya”, con un diseño “flexible” hasta final de año para evitar la aprobación continua de nuevos decretos.
“Que también sea flexible en los porcentajes, de tal forma que podamos ir modulándolo en función de cómo evolucione la crisis”, ha apuntado.
El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha reconocido que sus propuestas para hacer frente al impacto de la guerra coinciden en buena medida con las del Ejecutivo canario, aunque ha remarcado que el “escudo” debe dirigirse igualmente a la ciudadanía y no centrarse únicamente en los sectores productivos.
“En ese sentido, no va a haber ninguna dificultad a la hora de apoyar al Gobierno en llevar a cabo esa ley”, ha indicado, si bien ha lamentado que no se haya optado por un decreto específico para Canarias, como ya han hecho los gobiernos de Euskadi, Cataluña o Asturias.
Ha asegurado también que el PSOE “estará a la altura” en la negociación con el Gobierno central para compensar al archipiélago y ha reprochado al portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, que afirmara que el decreto estatal no beneficia a las islas.
“Sabe que es mentira y no se puede estar mintiendo a la sociedad canaria”, ha señalado, insistiendo en que es “falso” que el ministro Ángel Víctor Torres vote en contra de Canarias en el Consejo de Ministros.
“Yo espero que en el próximo Consejo de Gobierno, se apruebe un decreto de ley en Canarias con medidas concretas, y que por tanto, sean unas medidas complementarias a ese escudo social y económico de protección de la sociedad canaria y de nuestros sectores productivos, que se aplique en Canarias”, ha explicado.
ASG pide “sentido común” y la implicación de todas las administraciones
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha reclamado la participación de todas las administraciones públicas en este proceso, recordando que ya existe un decreto estatal que “puede gustar más o menos” y que ahora el Ejecutivo canario “tiene que hacer lo propio” en coordinación con cabildos y ayuntamientos.
Ha apelado al “sentido común” dado que Canarias depende “casi todo del exterior” por el peso del transporte y la energía, y ha insistido en que las medidas deben poner el foco en las familias más vulnerables ante el repunte de la inflación.
Sobre las propuestas concretas de su grupo, ha apuntado que será necesario revisar la bonificación al combustible en las ‘islas verdes’, puesto que su efecto se ha visto reducido por el encarecimiento del petróleo.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, considera muy “acertado” el conjunto de iniciativas que maneja el Gobierno de Canarias ante la “sorpresa” que ha supuesto el decreto estatal, al entender que no contempla adecuadamente las “singularidades” del archipiélago. “Nos ha echado para atrás”, ha indicado.