El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este martes que el actual proceso de regularización de migrantes es “positivo” porque otorga “derechos y dignidad” a quienes se acogen a él. No obstante, consideró que el Ejecutivo central podría haberlo hecho “un poquito mejor” si hubiera habido una mayor coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que habría evitado las “colas de la vergüenza”.
Durante la sesión de control del Pleno del Parlamento, y en respuesta a las preguntas de PSOE y Vox, Clavijo sostuvo que el Gobierno del Estado debe hacer “autocrítica”, al entender que se deberían haber reforzado previamente los servicios sociales y planificado dispositivos específicos para impedir que haya personas “en una cola a la intemperie o al solajero”.
Señaló que muchos ayuntamientos “no saben ni qué certificado hacer” y recordó que este tipo de procesos “no es patrimonio” exclusivo de los socialistas, ya que otros gobiernos los han impulsado en el pasado. A su juicio, la situación actual evidencia el “fracaso” de la política migratoria y de las medidas de control de fronteras.
Clavijo pidió “no descalificar” ni “insultar” en un contexto de “crispación” generalizada en el país, aunque admitió que la regularización da la impresión de haberse planteado en busca de “rédito” político y no solo para reconocer derechos a personas vulnerables que “no merecen que el fracaso de la política y el control de las fronteras lo paguen ellos, hay que darles una oportunidad de vida”.
El presidente canario reprochó a Vox que le “mandan el argumentario de Madrid” que “niega la dignidad” a menores y migrantes, y advirtió de que no está dispuesto a “generar división ni falsear datos de criminalidad”.
Desde el Grupo Socialista, su portavoz, Sebastián Franquis, censuró la posición de Clavijo por considerar que mantiene una postura ambigua: por un lado apoya el proceso, pero al mismo tiempo se sitúa “al lado” del PP, su socio de gobierno en las islas, pese a que tanto los sindicatos como el Consejo Asesor lo respaldan.
Franquis subrayó que la medida alcanza a más de 45.000 personas residentes en Canarias y cuenta con “legitimidad social”, dado que se sustenta en una ILP firmada por más de 700.000 personas, apoyada por más de 900 asociaciones, con el aval de la Iglesia y admitida a trámite en el Congreso con el voto favorable de 310 diputados. “Se trata de dar derechos y combatir a la economía sumergida”, insistió, recalcando que muchas personas migrantes “sostienen” sectores productivos y se ocupan del cuidado de mayores en el archipiélago.
Por su parte, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, afirmó que la regularización constituye la “constatación” de que la “mafia monclovita odia a los españoles” y acusó a Clavijo de haberse integrado en el “consenso progre” en torno a la inmigración, la agenda 2030, el “fanatismo climático” o la “defensa de la vida”.
Galván trató, sin conseguirlo, que el presidente canario se pronunciara sobre una supuesta circular de Instituciones Penitenciarias destinada a facilitar la regularización de inmigrantes en situación irregular que se encuentren en prisión preventiva. Además, le recriminó que “la gente cada vez le cree menos”, y en especial los jóvenes que, según dijo, “sufren la criminalidad y no tragan con su Canarias idílica”.