Coalición Canaria solicita ajustes fiscales en Canarias para mitigar el impacto del incremento en la tasa de residuos

Coalición Canaria (CC) ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) al Congreso de los Diputados para solicitar modificaciones en la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. El objetivo es implementar bonificaciones y adaptaciones fiscales a la aplicación del impuesto sobre el depósito e incineración de residuos en el archipiélago canario.

La iniciativa del grupo nacionalista, a la que Europa Press tuvo acceso, se fundamenta en la particularidad de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP), y busca alinearse con los principios de proporcionalidad y cohesión territorial, manteniéndose fiel al “espíritu” del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para evitar daños económicos y sociales significativos que la legislación vigente podría provocar a los habitantes y sectores productivos de las islas.

La portavoz, Cristina Valido, ha advertido que una aplicación indiscriminada de esta ley en todo el territorio nacional, sin ajustes específicos, acarrearía consecuencias negativas no solo económicas, sino también sociales y medioambientales, especialmente en zonas con características estructurales únicas como Canarias.

Valido resalta que las condiciones permanentes de Canarias, como la lejanía, la insularidad, el área limitada y la dependencia externa, influyen directamente en la gestión de residuos, colocando al archipiélago en una desventaja notable para cumplir con los objetivos de la normativa de la misma manera que el resto de España.

Además, la portavoz nacionalista menciona que el Cabildo de Tenerife había consultado previamente a las autoridades europeas sobre la posibilidad de adaptar la ley a las particularidades del territorio. La respuesta de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, fechada el 14 de julio de 2025, confirmó que, aunque la legislación española se ajusta al marco europeo, existía margen para incorporar excepciones o ajustes para regiones insulares dentro de la normativa nacional.

AVAL DE LA COMISIÓN EUROPEA

En este sentido, Valido destacó que la Comisión Europea reconoció que la falta de adaptación no se debía a un requisito de la legislación europea, sino a una decisión del legislador español. Además, señaló que la no adaptación de esta tasa a las circunstancias de Canarias contradice el espíritu del REF, cuyo artículo 14 prevé especialidades fiscales para compensar los costes adicionales por la insularidad.

“La aplicación de esta tasa sin ajustes representa un sobrecoste que no deberían soportar los ciudadanos y empresas de las islas, impactando directamente su economía”, explicó Valido. Afirmó que, sin cambios, la ley podría incrementar hasta en un 200% la tasa de basura para muchas familias y negocios en Canarias, lo que describió como “un auténtico basurazo que amenaza con agobiar a los hogares y administraciones locales”.

Valido concluyó que la intención no es eludir el principio de que “quien contamina paga”, sino asegurar que su implementación sea justa y proporcional a la singularidad de las islas. Subrayó la importancia de que el Gobierno de España actúe con la sensibilidad necesaria para corregir una normativa que, aunque legal, es profundamente injusta para Canarias.