QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, el Parlamento de Canarias ha aprobado debatir la proposición de ley de Cabildos insulares, que busca modernizar su marco jurídico conforme al Estatuto de Autonomía reformado en 2018. El objetivo es mejorar la respuesta de estas instituciones a las circunstancias particulares de las islas con ‘mayor eficiencia y coherencia’.
La portavoz del PSOE, Nayra Alemán, ha destacado que esta legislación surge del consenso total y reconoce la ‘doble naturaleza’ de los Cabildos como entes autonómicos y locales. ‘Lo que pretende esta proposición de ley es regular cómo los cabildos ejercen esas competencias transferidas o delegadas, en lugar de la administración de la comunidad autónoma de Canarias. En cambio, esta proposición de ley no convierte a los cabildos en órganos de la administración autonómica, sino que desarrolla el estatuto como institución de la Comunidad Autónoma de Canarias que son’, explicó.
Por otro lado, Beato Castellano (CC) ha resaltado la necesidad de actualizar el marco jurídico de los Cabildos para responder eficazmente a la realidad canaria, considerando su rol dual como órganos de gobierno e instituciones autonómicas. ‘No cambia la naturaleza de los cabildos, sino que la refuerza, garantizando la autonomía local plena en el ámbito de sus competencias, y cuando actúan como instituciones de la comunidad autonoma, ejecutando leyes autonómicas, bajo el regimen jurídico autonomico. En definitiva, refuerza el papel de los cabildos, y también incorpora herramientas de cooperación interinsular y mecanismos de solidaridad, entendiendo el arhcipiélago como un conjunto diverso y cohesiondo, que comparte instrumentos frente a emergencias, desigualdades y desafíos comunes’, ha indicado.
Luz Reverón del Grupo Popular apoya la proposición que podrá ser ‘un antes y un después en la organización territorial canaria’. Mientras, representantes de Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera han elogiado la medida que mejorará la accesibilidad y adecuación al Estatuto, respectivamente.
Finalmente, Paula Jover del Grupo Mixto, Vox, ha expresado su descontento con la iniciativa, criticando que podría ‘inflar estructuras políticas e incurrir en gasto público prescindible’, alegando que propicia ‘más gasto y una mayor inseguridad jurídica’.
