Lola Padrón, la Diputada del Común, ha expresado este lunes su descontento por la falta de «transparencia» en la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias, destacando la ausencia de cifras que permitan un análisis adecuado de la situación.
«La lista espera es un agujero negro», declaró durante la divulgación de un informe de 2024 que revela un incremento del 94,5% en las quejas, alcanzando un total de 603.
Padrón también mencionó que las proyecciones para 2025 son desalentadoras, ya que sólo en el primer semestre se registraron 400 quejas, anticipando un posible doble aumento en las reclamaciones.
«Si hay un colapso lo hay, la realidad hay que ponerla encima de la mesa, la cifra es para ver como y hacia donde dirigimos las políticas. Si nos cerramos lo ojos, si tenemos miedo no vamos a poder hacer la lectura, seamos transparentes», enfatizó, aludiendo al necesario cambio estructural en la gestión de la discapacidad en el archipiélago, que actualmente «incumple sistemáticamente» con un 90% de las quejas relacionadas con demoras o resoluciones de grado.
Además, Padrón señaló un incremento en las listas de espera debido a que los servicios públicos «no soportan la demanda» y la situación «se agrava año tras año». Algunos casos han documentado demoras de hasta cinco años.
En cuanto al acceso a información, el número 012 no proporciona detalles sobre los expedientes y el silencio administrativo negativo «genera ansiedad y desconcierto».
Padrón anunció que solicitará una resolución para que la dirección general establezca un tiempo de respuesta definido para los ciudadanos. «Es una cuestión de respeto», afirmó.
Destacó además las diferencias en el tratamiento entre las islas, mencionando que las islas capitalinas cuentan con más recursos técnicos y personal. Además, criticó la estrategia canaria de discapacidad por estar «caducada» y mencionó que esperar cuatro años «es embargar el futuro de un niño y su familia».
Finalmente, Lola Padrón reclamó un concierto social para el tercer sector similar al que se tiene con la sanidad privada, para garantizar su financiación y participación en la toma de decisiones.