El Comisionado de Transparencia de Canarias presentó este jueves su Plan Estratégico 2025-2029, concebido como un documento “vivo” que fija la hoja de ruta para reforzar la eficacia y la eficiencia de este órgano. Entre sus metas y líneas de actuación prioritarias destaca el desafío de sacar adelante su propio marco normativo.
El borrador de la Ley del Comisionado, que regulará con detalle el funcionamiento de la institución, está previsto que se remita a los diputados canarios para su conocimiento durante el primer semestre de 2026. No obstante, el Comisionado esperará a que se apruebe la nueva Ley de Transparencia autonómica que se está elaborando, con el fin de evitar posibles contradicciones entre ambos textos.
“No vamos a ir con dos leyes paralelas, sino a aportar a ese borrador”, subrayó este jueves la Comisionada de Transparencia, Noelia García, durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias, en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, solicitada por todos los grupos parlamentarios. En su exposición, García Leal detalló igualmente las cinco líneas estratégicas de un plan que ha sido “muy debatido y discutido”.
El Plan Estratégico 2025-2029 incluye una revisión documental, un análisis institucional y un análisis DAFO, así como la actualización de las líneas estratégicas para traducirlas en objetivos concretos con indicadores específicos. Además, incorpora el diseño de un sistema de “gobernanza y seguimiento” que permitirá evaluar el grado de cumplimiento del propio plan.
A partir de este documento estratégico, que se completará con programaciones operativas anuales, García Leal reiteró la misión del Comisionado: garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública y consolidarse como una “institución de referencia” para la población y las entidades, asegurando un acceso a la información pública “ágil y comprensible”.
5 líneas estratégicas
El Plan Estratégico se articula en torno a cinco grandes objetivos: la aprobación en el Parlamento canario de la Ley del Comisionado; la implantación de un nuevo sistema metodológico de evaluación que optimice los procedimientos; la modernización de los procesos internos; el impulso de la cultura de la transparencia entre las administraciones y la ciudadanía; y el refuerzo del papel del Comisionado en el ámbito estatal.
“No es (un documento) tedioso, es bastante concreto y directo, y se intenta mejorar la eficacia y eficiencia del propio Comisionado. Es importante tenerlo frente a una orientación clara y la determinación de las prioridades en las actuaciones a llevar a cabo”, remarcó la Comisionada.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)