El Pleno del Congreso ha dado este jueves el visto bueno al decreto ley del Gobierno con medidas fiscales para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, con el rechazo únicamente de Vox, la abstención de PP y Podemos, y el respaldo del resto de grupos de la Cámara.
Como ocurre con todos los decretos ley, la norma estaba operativa desde su aprobación en el Consejo de Ministros, el pasado viernes 20 de marzo, pero debía ser refrendada por el Congreso en el plazo máximo de treinta días, trámite que se ha completado este jueves. Además, el hemiciclo ha acordado que el decreto continúe su tramitación como proyecto de ley.
El texto recoge un paquete de 80 medidas con las que se prevé movilizar 5.000 millones de euros. En particular, el Real Decreto-ley contempla la bajada del IVA del 21% al 10% para carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y 'pellets', la congelación del precio máximo de venta del butano y el propano y la recuperación de la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria.
Se reduce el IVA al 10% y se rebajan los tributos que inciden en el precio de la gasolina y el gasóleo hasta el umbral mínimo que permite la directiva europea. En la factura eléctrica, a la rebaja del IVA se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5% fijado por la Unión Europea.
Ayuda de 20 céntimos por litro y apoyo a sectores clave
La norma también fija la rebaja al mínimo legal del tipo del impuesto de hidrocarburos y, para los sectores más golpeados por la crisis, como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, establece una ayuda de veinte céntimos por cada litro de gasóleo profesional que utilicen en su actividad. Esta compensación será gestionada por la Agencia Tributaria y por las haciendas forales del País Vasco y Navarra.
A esta medida se suma una ayuda equivalente destinada a la compra de fertilizantes, con el objetivo de que "esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra", ha apuntado el presidente.
Prohibición de despidos y refuerzo del control a las empresas
El plan de respuesta del Ejecutivo al impacto de la guerra en Irán incorpora la prohibición de que las empresas lleven a cabo despidos objetivos amparándose en causas económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo, así como para aquellas compañías que reciban ayudas públicas vinculadas a esta situación.
Asimismo, se refuerzan las facultades de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que ninguna empresa beneficiaria de las ayudas previstas en el plan de respuesta a la guerra en Irán obtenga ventajas indebidas. Este bloque de medidas incluye también un control más estricto sobre los márgenes empresariales de las compañías suministradoras de combustible.
En concreto, el Gobierno de coalición ha decidido intensificar el seguimiento de los márgenes de estas empresas a través de la CNMC y habilitar al Consejo de Ministros para imponer límites a sus beneficios.
Incentivos al autoconsumo, la eficiencia y el vehículo eléctrico
Por otra parte, el decreto incorpora un conjunto de deducciones fiscales para fomentar el autoconsumo energético y la instalación de bombas de calor.
Estas deducciones, aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se orientan a la instalación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor o sistemas de climatización en edificios, y se enmarcan en un eje del plan de carácter más "naturaleza estructural". Igualmente, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
El decreto amplía además las ayudas para la rehabilitación de vivienda que, según el Ministerio de Vivienda, han beneficiado ya a más de 290.000 personas desde 2021. La prórroga de los incentivos fiscales por obras de mejora energética extiende su aplicación a las actuaciones realizadas en los años 2025 y 2026.
Deducciones por rehabilitación energética de viviendas
Estas deducciones se aplican sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que permitan alcanzar determinados niveles de mejora de la eficiencia energética en la vivienda habitual, en inmuebles alquilados o con previsión de alquilarlos, así como en edificios residenciales, siempre acreditadas mediante certificado de eficiencia energética.
Entre 2021 y 2024, periodo en el que ya estuvieron vigentes, se registraron 291.763 declaraciones con un beneficio fiscal medio de 1.918 euros por contribuyente, lo que supone la acreditación de actuaciones de mejora energética en 203.756 inmuebles.
Las deducciones por rehabilitación energética contemplan un 20% para obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual, alquilada o en expectativa de alquiler. También recogen una deducción del 40% para las obras que logren disminuir en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o alcancen una calificación energética A o B. Ambas ayudas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, el texto incorpora una deducción del 60% en edificios de uso mayoritariamente residencial que consigan una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable o alcancen una calificación energética A o B. Esta última ayuda se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027.
Impulso a la vivienda pública y asequible
Finalmente, el decreto introduce una modificación normativa para favorecer la promoción de vivienda pública y asequible, mediante cambios en la Ley de Contratos del Sector Público que facilitan la construcción de vivienda a precios asequibles en suelos de titularidad pública.
Con este ajuste se pretende avanzar en la simplificación y flexibilización del marco regulatorio para hacer más viable la utilización de distintas fórmulas de colaboración público-privada previstas en la Ley de Vivienda de 2023.
De este modo, la norma fija ahora particularidades específicas para los contratos de concesión cuyo objeto sea la construcción o rehabilitación sobre suelos o inmuebles públicos destinados a vivienda social o a precios asequibles.