La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, ha solicitado este lunes que la ley de autoridad del profesorado que se está tramitando en el Parlamento incluya un plan de acción con formación permanente y la creación de un observatorio que permita evaluar de forma continuada la convivencia en las aulas.
Durante su intervención ante la comisión parlamentaria de Educación y Deportes, ha valorado positivamente la propuesta al considerar que refuerza el reconocimiento de los docentes, a quienes ha definido como quienes "vehiculan" el sistema educativo, del mismo modo que los centros constituyen una "garantía de seguridad" para el conjunto de la sociedad.
Álvarez ha remarcado que la corresponsabilidad educativa "es la que mueve al sistema" y ha defendido la figura del profesor como "auctoritas moral" y "líder" en la transmisión de conocimientos. Al mismo tiempo, ha avanzado que el Consejo Escolar está elaborando un informe específico sobre la realidad socieducativa en el archipiélago.
A partir de datos del Gobierno de Canarias y del 'Informe Talis' de la OCDE, el Consejo ha apuntado que los conflictos de convivencia se manifiestan con mayor intensidad en Secundaria que en Primaria, aunque en esta etapa se sitúan en cuarto lugar entre las principales inquietudes del profesorado.
Sin embargo, han precisado que las mayores quejas del colectivo docente se centran en la sobrecarga burocrática y en la insuficiencia de recursos, tanto de presupuesto como de profesorado de apoyo y personal administrativo.
En esa misma línea, han indicado que cerca de dos tercios de los centros educativos del archipiélago notifican problemas de convivencia, de los cuales aproximadamente una cuarta parte son de carácter grave, y que las situaciones conflictivas se dan con más frecuencia entre el profesorado novel que entre el más experimentado.
Álvarez ha reiterado que la futura ley debe actuar como "paraguas" pero acompañada de medidas concretas, basadas sobre todo en la "formación continua" para proporcionar "seguridad y estabilidad emocional" al profesorado y reforzar al mismo tiempo el "liderazgo pedagógico".
Además, ha planteado la posibilidad de impulsar estudios específicos que examinen la conflictividad en los centros situados en áreas urbanas tensionadas, y ha defendido la necesidad de buscar el "consenso y no la confrontación" para que toda la comunidad educativa pueda avanzar.
ESTUDIANTES: LA LEY NO ES URGENTE Y DUPLICA MEDIDAS
Daniel Rodríguez y Javier Lechado, representantes de Udeca, han admitido que el rol del profesorado es "fundamental" en la construcción de la sociedad, "pero no basta con decirlo", ya que si la autoridad no se acompaña de un verdadero reconocimiento social la respuesta puede ser "¿y tú quien eres?".
Han criticado que el texto legislativo no incorpora aportaciones concretas para la comunidad educativa y han subrayado que "hacen falta más medios", además de considerar que resulta "duplicativa" porque las medidas que recoge ya están contempladas en el marco normativo vigente en el archipiélago.
Asimismo, han pedido que se contemplen también "deberes" para el profesorado y han advertido de que la ley no debe convertirse en un "arma" a su favor ni en un "privilegio" que no contribuya realmente a mejorar la convivencia. "La ley no es buena pero tampoco mala, repite cosas", han reiterado.
En este sentido, han señalado que "no es urgente" y, en su lugar, han propuesto tomar como referencia el modelo de Galicia, donde se ha aprobado una ley de convivencia y participación educativa.
Pese a sus críticas, han reconocido que existe una "falta de respeto generalizado" en los centros y han vinculado los "ambientes cargados" con el incremento de la marginalidad y la pobreza en determinadas zonas del archipiélago.
"Todo no se puede cargar sobre la educación", han remarcado, insistiendo en la necesidad de "prestigiar" la figura del profesor.