Los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno de Canarias —CC, PP, ASG y AHI— han presentado 30 enmiendas al Proyecto de Ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias. Su finalidad es perfeccionar el articulado, blindar la independencia de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) y poner fin al “bloqueo institucional” que durante años ha impedido la puesta en marcha real de sus órganos de dirección y control.
Las propuestas parten de la premisa de que “Canarias necesita una RTVC plenamente operativa, con órganos estables, reglas claras y capacidad real para prestar un servicio público moderno, independiente y útil para la ciudadanía”.
Los grupos recuerdan que la normativa vigente, “pese a haber nacido con buenas intenciones, fracasó en su aplicación práctica”, ya que durante más de diez años no llegaron a constituirse los órganos de control contemplados: la Junta de Control, la Dirección General, el Consejo Asesor o los Consejos de Informativos.
Esta parálisis derivó en la imposibilidad de aprobar un mandato marco y en la prolongación indefinida de medidas excepcionales que debían ser meramente transitorias, tal y como han explicado en una comparecencia conjunta ante los medios.
En esta línea, las enmiendas buscan reforzar la estabilidad institucional de la Junta de Control, desvinculando su mandato del calendario electoral y fijando una duración de cinco años, renovable una sola vez, para afianzar su autonomía frente a mayorías parlamentarias cambiantes.
Asimismo, se elimina el sistema de renovación rotatoria automática por edad y se sustituye por un modelo electivo interno para la presidencia, vicepresidencia y secretaría, con mandatos de un año. Con ello se pretende optimizar el funcionamiento del órgano y dotarlo de mayor coherencia organizativa.
Órganos de participación y garantía informativa
Otro de los pilares de las enmiendas es la nueva ordenación de los órganos de participación, delimitando con más precisión el ámbito social y el profesional.
De este modo, se redefine el Consejo Asesor de Participación Social como cauce de intervención de la sociedad canaria y, en paralelo, se crea un Comité Profesional específico para los trabajadores de la información, encargado de velar por la independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos.
Los grupos firmantes sostienen que esta separación mejora la arquitectura legal y permite articular de forma más eficaz la implicación de la sociedad civil y de los profesionales de la comunicación, atendiendo a una reivindicación sostenida en torno al funcionamiento del ente público.
En el ámbito informativo, las enmiendas apuntalan uno de los principios básicos de la futura ley: el carácter público, directo e indelegable de los servicios informativos diarios, señalaron.
Para ello, se concreta que la producción, edición y realización de los programas informativos de noticias de emisión diaria, incluidos los fines de semana, deberán llevarse a cabo con medios propios, sin perjuicio de poder contratar apoyos técnicos auxiliares cuando resulte imprescindible.
Del mismo modo, se introduce la garantía de que la programación informativa sea el eje vertebrador del servicio público audiovisual.
Cambios en la contratación y en el modelo de gestión
Las modificaciones también afectan al régimen de contratación y al funcionamiento interno de RTVC.
Entre las principales novedades figura la rebaja del límite máximo de contratación con una misma persona física o jurídica, que pasa del 20% al 10% del gasto ejecutado por el ente y sus sociedades dependientes en cada ejercicio presupuestario. Con ello se persigue una mayor diversificación y equilibrio en la relación con el sector audiovisual.
Por otro lado, las enmiendas aclaran el régimen de subrogación del personal procedente de la etapa anterior, adaptándolo al nuevo modelo de gestión pública directa previsto en la ley.
En este marco, se asegura la continuidad de los derechos laborales ya consolidados, despejando dudas jurídicas y suprimiendo referencias a instrumentos ya superados, como el mandato marco.
Las propuestas también regulan el proceso de integración de la radio y la televisión públicas, garantizando la aprobación de una plantilla única tras la fusión por absorción contemplada en la norma, así como un régimen transitorio que salvaguarde la seguridad jurídica y las condiciones laborales del personal mientras se negocia el futuro convenio colectivo único del grupo RTVC.
En lo relativo al convenio colectivo de la Radio Pública de Canarias, se incorpora una enmienda específica para otorgar cobertura jurídica a su aplicación.
Los grupos subrayan que la intención de estas enmiendas no es alterar la filosofía del proyecto, sino perfeccionarlo, hacerlo “más robusto” y reforzar su capacidad para cumplir la finalidad con la que nace, superar el “fracaso” del modelo anterior y proporcionar a Canarias un servicio público audiovisual estable, plural, independiente y preparado para los retos actuales.