El Pleno del Parlamento de Canarias ha respaldado este miércoles por unanimidad el decreto ley que introduce cambios en la Ley del Suelo con el fin de ampliar los plazos de los informes ambientales, así como en la ley de cooperativas, otorgando un año adicional a estas sociedades para adecuar sus estatutos a la normativa vigente.
El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha explicado que la norma pretende evitar la caducidad de los expedientes urbanísticos al permitir solicitar una prórroga de los informes ambientales estratégicos, siempre que no se hayan producido modificaciones sustanciales en su contenido, y que los instrumentos de ordenación con memoria ambiental ya prorrogada y que hayan superado la fase de información pública dispongan de un año extra para lograr su aprobación definitiva.
Con este decreto, ya en vigor, se han podido sacar adelante los planes generales supletorios de San Bartolomé (Lanzarote) y San Miguel (Tenerife) y, en breve, ocurrirá lo mismo con los de La Orotava (Tenerife), Arrecife (Lanzarote) y Mazo (La Palma).
“No contar con planificación genera inseguridad jurídica, desprotección e impide desarrollar políticas de interés social”, ha subrayado Miranda.
Respecto a las cooperativas, ha señalado que el decreto ley es el único instrumento normativo “eficaz, inmediato y proporcionado” para impedir que entren en causa de disolución, dado que el plazo para adaptar los estatutos vencía el 10 de enero.
Miranda ha reiterado su disposición a actualizar la Ley del Suelo, una norma con casi nueve años que “ha funcionado” pero que “es necesario adaptarla a los nuevos tiempos”, de modo que en los próximos meses se abrirá el debate político una vez se estudien todas las alegaciones presentadas.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha señalado que el decreto busca impedir que “la rigidez normativa y los plazos mal encajados” terminen provocando “perjuicios innecesarios”.
En la misma línea, ha remarcado que “nadie está planteando rebajar garantías ni relativizar la protección” del territorio, sino evitar que haya que “reiniciar” por completo un planeamiento y “botar a la basura” medio millón de euros.
“No es una vía rápida ni tampoco es un atajo, es una forma de evitar el absurdo administrativo y de garantizar que el planeamiento pueda culminarse sin sacrificar ni la legalidad ni la protección ambiental”, ha añadido.
Sobre las cooperativas, considera que la urgencia es aún más “evidente” porque se agotaban los plazos para la adaptación estatutaria.
ASG admite las “dificultades” de la planificación urbanística
Jesús Ramos (ASG) ha indicado que ambas leyes son “fundamentales” para el desarrollo económico de Canarias y que este decreto viene a resolver las “dificultades” a las que se enfrentan las administraciones públicas, obligadas a reiniciar la tramitación de los planes urbanísticos cuando expiran los plazos.
Ha recordado que se trata de procesos “largos y muy exigentes” que no se dilatan por dejación, sino por su “complejidad”, lo que se traducía en “mucho trabajo perdido y dinero público gastado”, por lo que considera una “mejora clara y razonable” la ampliación de los plazos de los informes ambientales.
En relación con las cooperativas, ha defendido que evitar su disolución “no es un privilegio sino una cuestión de sentido común”, ya que son “fundamentales” para la economía canaria porque “generan empleo, fijan población y sostienen actividades económicas en el ámbito rural”.
Javier Nieto (Vox) ha respaldado el “fondo” del decreto al considerar que la caducidad de los procedimientos urbanísticos “produciría un perjuicio grave a la sociedad” y que es necesario impedir que “decaigan” las cooperativas, aunque ha rechazado la “forma” elegida al entender que incrementa la “sobrecarga administrativa”.
Por su parte, Esther González (NC-BC) ha alertado de la “rutina” del Gobierno de Canarias a la hora de retocar la Ley del Suelo, lo que, a su juicio, evidencia el “fracaso” de la norma aprobada en 2017, que solo “sobrevive” gracias a prórrogas y decretos.
Ha afirmado que la ley está “fallida y mal concebida” porque “prometió agilidad y seguridad” y ha generado “bloqueo e incertidumbre”, insistiendo en que es necesaria una reforma de calado y no limitarse a alargar plazos.
Aun así, pese al “fiasco” de la Ley del Suelo, ha respaldado el decreto ley porque su formación no quiere “planes anulados ni ayuntamientos paralizados”.
Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha defendido que el decreto ley es “sólido y proporcionado” y, frente a las críticas de la oposición, ha recordado que el ‘Pacto de las Flores’ no modificó la ley, sino que se limitó a hacer “parches que les interesaban”.
Ha lamentado que años de trabajo acaben “al cubo de la basura” en materia de planificación urbanística cuando caducan los plazos, por lo que entiende que este decreto es “necesario y urgente” al incidir en la construcción de viviendas y de infraestructuras.
CC defiende un decreto de “sentido común”
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha defendido que el decreto introduce “sentido común” en la tramitación urbanística, dado que muchos planes llegan a su fase final con los informes ambientales caducados.
“No relajamos la protección ambiental, pero evitamos que planes muy avanzados se caigan por un puro problema de calendario. Protegemos el territorio y, al mismo tiempo, damos seguridad a ayuntamientos, cabildos, inversores y sobre todo a la ciudadanía, que esperan soluciones en materia de vivienda, servicios e infraestructura”, ha señalado.
Ha reprochado a la formación canarista que esté “muy despistada” porque formó parte del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura y no hizo “nada” ni con la ley del suelo ni con el alquiler vacacional.
Nayra Alemán (PSOE) ha sostenido que se trata de un debate “técnico y no ideológico” y se ha mostrado favorable a ampliar los plazos ambientales en la tramitación de los planes urbanísticos para que “no tengan que reiniciarse desde cero”.
Sin embargo, ha considerado “llamativo” recurrir a un decreto ley cuando la reforma de la ley del suelo continúa paralizada “y sin volcán y sin pandemia”, y ha reclamado al Gobierno mayor “compromiso” para dotar de medios efectivos a los órganos ambientales y de planificación.
La diputada socialista ha advertido al Ejecutivo de que las soluciones excepcionales “no pueden ser la norma” y ha reivindicado el papel del Parlamento para legislar sobre “asuntos estructurales”.