El Pleno del Parlamento de Canarias ha respaldado este miércoles, con el apoyo unánime de los siete grupos, la convalidación del decreto-ley de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán, aunque se ha rechazado la petición de PSOE y NC-bc para que se tramitara como proyecto de ley.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha señalado que el decreto específico para el archipiélago responde a que las islas quedaron "al margen" del decreto estatal y a que, por su lejanía y fuerte dependencia del transporte, son la comunidad más golpeada por el conflicto en Oriente Medio.
Ha añadido que la caída de la recaudación tributaria tendrá impacto en el sistema de financiación autonómica.
El paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo regional asciende a 29,8 millones de euros --con una aportación estatal de 15,3 millones-- y, si la guerra se prolonga, alcanzaría los 60 millones anuales.
Entre las actuaciones figuran la rebaja del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%; el aumento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%; la aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café; la ampliación del umbral del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, aliviando cargas fiscales y burocráticas; y ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de suministros por 7,2 millones de euros.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha apuntado que en Canarias se notan "efectos directos" en el transporte, el turismo y el "día a día" de familias y empresas, y ha respaldado el decreto como "primera respuesta".
Ha indicado que Alemania financiará su rearme militar "a costa del estado del bienestar" y ha advertido de que, según evolucione la situación internacional, será necesario adoptar nuevas decisiones porque Canarias "es más vulnerable ante cualquier tensión de los mercados internacionales".
Jesús Ramos (ASG) ha recordado que las consecuencias de la guerra de Irán tuvieron "repercusión enorme" desde el inicio por la relevancia del transporte para el archipiélago, motivo por el que su grupo ve "con buenos ojos" el texto.
Ha remarcado que Canarias es un "territorio frágil" por su dependencia exterior y la escasa diversificación de su economía, y considera que las rebajas fiscales y el apoyo a la industria y al sector primario suponen "un alivio".
Vox reclama cambios "estructurales" y menos trabas
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha subrayado que el decreto tiene carácter "temporal" y no introduce reformas "estructurales" que permitan poner a Canarias "a salvo" de crisis geoestratégicas, citando la necesidad de apostar por "el 100%" de las renovables y abrirse a otras fuentes de energía.
Ha respaldado las ayudas directas a la industria y al campo, si bien se muestra más proclive "de eliminar trabas burocráticas y regulatorias" y emprender "reformas serias" que pongan fin al "fanatismo climático". "No vamos por el camino correcto", ha remachado.
Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha sostenido que "lo más relevante" del decreto "es lo que no está" y por ello ha defendido su tramitación como proyecto de ley para añadir nuevas medidas, sobre todo dirigidas a las familias, al considerar que el Gobierno autonómico solo compromete 14,5 millones de recursos propios. "No se han esmerado demasiado", ha afirmado.
Ha denunciado que el decreto "deja en el olvido" a familias y determinados colectivos profesionales, ha calificado de "insuficiente" la aportación del Ejecutivo central de 15,3 millones y ha insistido en que el Gobierno canario "tiene margen" incluso sin relajar las reglas fiscales ni recurrir al endeudamiento.
Por ello, ha propuesto incrementar un 10% la renta ciudadanía, activar complementos en educación y vivienda o estudiar la exención, moratoria o aplazamiento de las rentas que abonan las personas que residen en el parque público de vivienda.
Fernando Enseñat (PP) ha reprochado al Gobierno central que dejara fuera a Canarias del decreto estatal y ha ironizado con que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, desconoce que en las islas no se aplica el IVA.
Ha denunciado el "abandono" del Estado y el impacto sobre la financiación autonómica, al tiempo que ha defendido medidas del decreto canario como el IGIC al 0% en combustibles o las ayudas de 7,2 millones para la industria y el sector primario.
"Todo lo pone Canarias", ha enfatizado, criticando que la Administración central solo habilite 15,3 millones para "compensar" los 5.000 millones que no llegan al archipiélago.
CC abre la puerta a más decretos y el PSOE critica la falta de "sensibilidad social"
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha defendido que las medidas son "necesarias" para amortiguar los efectos de la guerra y, aunque siempre se aspire a "más", ha valorado que el turismo, principal motor de la economía canaria, no se esté resintiendo.
Ha apostado por una adopción gradual de las medidas y ha rechazado convertir el decreto en proyecto de ley, al considerar que, en función de cómo evolucione el conflicto, podrían aprobarse otros dos decretos adicionales, sin contar el efecto de los recortes anunciados por Alemania en los países europeos.
También ha alertado de que la guerra repercutirá en las cuentas públicas, ya que las administraciones "van a dejar de ingresar y tendrán que tomar una decisión de dónde dejan de gastar", y ha pedido "coordinación" entre la UE, el Estado, el Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos para asegurar la eficacia de las medidas.
Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha reclamado igualmente que el decreto se tramite como proyecto de ley, insistiendo en que llega "tarde, mal" y con poca "sensibilidad social" después de que las familias hayan esperado "40 días".
Ha puesto en duda la "insolvencia o mala fe" del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, por anunciar medidas ligadas al decreto que ya estaban sobre la mesa y por el hecho de que 43 de los 45 productos que ven rebajado el IGIC ya tributaban al 0%.
Franquis ha acusado al Ejecutivo canario de carecer de "solidaridad" al lamentar una posible pérdida de 150 millones en el sistema de financiación por el decreto estatal y le ha reprochado que "no ha estado a la altura".
En esta línea, le ha instado a que "se le pegue algo" del Gobierno de País Vasco, que destina el 6,36% de su presupuesto a medidas específicas contra la guerra frente a Canarias, que lo hace en un 0,24%.