El Parlamento canario encarrila la ley de camas elevables en hoteles con la abstención de AHI y Vox

El Parlamento de Canarias avanza la ley que obliga a camas elevables en alojamientos turísticos, con amplio apoyo político y dudas de AHI y Vox.

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El Parlamento canario encarrila la ley de camas elevables en hoteles con la abstención de AHI y Vox

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La comisión de Turismo y Empleo del Parlamento de Canarias ha dado este viernes un nuevo impulso a la reforma de la ley de ordenación del turismo del archipiélago, al aprobar el dictamen de la proposición de ley que obligará a los complejos alojativos a incorporar camas elevables y carros motorizados. El texto ha salido adelante con el respaldo de PSOE, CC, PP, ASG y NC-bc, mientras que AHI y Vox han optado por abstenerse. El siguiente trámite será su debate y votación en el Pleno.

La iniciativa, promovida por el Grupo Socialista, fija un calendario para la implantación total de estas camas en 2033 en hoteles, apartamentos y viviendas de uso turístico, aunque solo será exigible cuando se trate de conjuntos de cinco o más viviendas turísticas o de veinte o más plazas alojativas en una misma parcela.

La norma contempla excepciones para quienes gestionen establecimientos de hasta treinta habitaciones situados en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, bienes catalogados o con protección singular, así como aquellos ubicados en cascos históricos o núcleos tradicionales protegidos, siempre que las camas y su estructura tengan un valor histórico, patrimonial o cultural.

Desde el Grupo Mixto (AHI), su portavoz Raúl Acosta ha reclamado que se tengan en cuenta las “singularidades” de cada isla en el modelo turístico canario y ha defendido que se pidan informes de riesgos laborales antes de imponer, por ejemplo, que un pequeño hotel esté obligado a instalar la totalidad de camas elevables o carros motorizados.

Acosta ha presentado además una enmienda 'in voce' —no admitida en comisión y que se abordará en el Pleno— para que el calendario de instalación de las camas elevables se fije cuando el Gobierno de Canarias apruebe las ayudas públicas. En su intervención, ha cuestionado si “¿Debemos estar legislando dándole más obligaciones formales, recortándole el beneficio a un pequeño empresario que con su sudor y esfuerzo está tratando de salir adelante y estamos legislando como si todo fuera igual, como si todo en Canarias fuera en grandes hoteles de cinco estrellas?”.

Por parte de ASG, Jesús Ramos ha defendido que la reforma “es justa y necesaria” y que contribuirá a mejorar la “salud” de las camareras de piso, aunque ha coincidido con AHI en que el articulado no refleja todas las “especificidades” de las denominadas islas verdes. Ha alertado de que se está legislando “como un todo” pese a la diversidad del territorio canario y ha considerado “excesivo” que se prevean sanciones de hasta 30.000 euros, una cuantía que para los pequeños alojamientos “puede llevarse todo el beneficio anual”.

Aun así, Ramos ha confirmado el respaldo de su grupo a la ley, al entender que es imprescindible “proteger” a los trabajadores y al principal motor económico de Canarias.

Vox reclama equilibrio y duda de la llegada de subvenciones

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha defendido la necesidad de buscar un “equilibrio” entre el desarrollo turístico y las economías locales, recordando la elevada tasa de pobreza en las islas y mencionando como ejemplo el impacto de la regulación del alquiler vacacional en empleados y pequeños ahorradores.

Ha señalado que su formación respalda la implantación de camas elevables y carros motorizados, pero ha reclamado también que se limite la subcontratación de camareras de piso y la utilización de prejubilaciones. Además, ha expresado sus dudas sobre la disponibilidad real de fondos públicos para financiar las subvenciones, lo que, a su juicio, provocaría que “todo el peso” de la reconversión recaiga sobre los empresarios.

Desde NC-bc, Natalia Santana ha puesto en valor el “consenso” alcanzado entre la mayoría de los grupos, subrayando que la ley responde a una “reivindicación justa y razonable” ante los problemas de salud “graves” que sufren muchas camareras de piso. Ha recordado que, pese al momento turístico “de éxito”, existe una “cara b” que llevó a los trabajadores del sector a convocar una huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Ha señalado que las condiciones laborales continúan siendo “extremadamente duras”, especialmente para las camareras de piso, que “no pueden con su alma”. “Creemos que es un paso importante, que con esto no se arregla todo, pero por fin se le da dignidad a las condiciones laborales”, ha añadido.

En nombre del Grupo Popular, David Morales ha indicado que la reforma consolida a Canarias como “unidad de destino turístico” y sitúa la seguridad laboral como “seña de identidad” de las camareras de piso. A su juicio, supone “Un pequeño pasa para el parlamentarismo canario, un mejor paso para la prevención y la seguridad laboral y un gran paso para nuestras valiosas camareras de piso”.

CC y PSOE defienden la salud laboral y el consenso

El diputado de CC, Mario Cabrera, ha dicho compartir la preocupación de AHI por respetar las particularidades de cada isla, pero ha remarcado que su grupo no va a ceder “ni un ápice” cuando está en juego la salud de las camareras de piso. Ha insistido en que la “calidad” del destino turístico también se mide por los salarios y las condiciones de trabajo, más aún en un contexto de “cifras récord” en el sector.

Cabrera se ha mostrado “convencido” de que habrá subvenciones para que las empresas puedan renovar las camas e incluso “incentivos” para quienes cumplan los plazos, y ha recordado que la ley permanece “viva”, abierta a incorporar nuevas medidas como la jubilación anticipada.

Por parte del Grupo Socialista, Gustavo Santana ha rechazado la postura de AHI al cuestionar el “consenso” mediante una enmienda 'in voce' que, según ha dicho, pretende una “acomodación” de la norma a determinados sectores empresariales en función del tipo de alojamiento.

Ha reprochado a Vox que no haya registrado ninguna enmienda en año y medio de tramitación y ha criticado que AHI intente introducir “de la noche a la mañana” su planteamiento político, hasta el punto de preguntarse si Acosta “quiere romper el consenso”.

Santana ha defendido que no hay nada “escandaloso” en otorgar un plazo de cinco años a los complejos alojativos para instalar las camas elevables y ha instado a AHI a respaldar el texto “como está” porque, ha advertido, “si se mueve una coma, se rompe el consenso”.