El Pleno del Parlamento de Canarias ha decidido este miércoles continuar con la tramitación de la ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, después de rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y NC-BC.
La consejera de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, Lady Barreto, ha señalado que la norma pretende “regular de forma ordenada” el servicio público de comunicación audiovisual en las islas y cuenta con el respaldo del Consejo Consultivo —que, no obstante, advierte de la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos— y del Consejo Económico y Social.
Ha subrayado que se garantiza el “pluralismo democrático” aunque coincidan la Junta de Control y el mandato del Parlamento, y ha resaltado que se han incorporado compromisos acordados con el sindicato mayoritario de RTVC, como que los servicios informativos no puedan ser subcontratados y que se subrogue al personal.
Barreto ha remarcado que la ley de 2014 ha resultado “ineficaz” y un “fracaso”, tras diez años sin mandato marco aprobado, y sostiene que el servicio público “no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales y de parches normativos según vaya pasando el tiempo”.
Ha advertido de la situación “crítica” y del “bloqueo” que, a su juicio, sufre RTVC, lo que hace necesaria una nueva regulación.
“Hoy damos un paso decisivo para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiado tiempo y que permite garantizar un servicio público audiovisual fuerte, independiente y al servicio de todos los ciudadanos canarios”, ha manifestado.
Carmen Hernández (NC-BC) ha denunciado la “cacicada” del Ejecutivo con un proyecto de ley “ilegal y antidemocrático” que “atenta contra” el sistema democrático, tal y como ha puesto de relieve el Consejo Consultivo. “Hoy debatimos quien controla la Televisión Canaria”, ha dicho.
La diputada ha asegurado que se configura una televisión pública “más cómoda al poder político, más útil al Gobierno”, con la intención de “secuestrar” el ente en beneficio de Coalición Canaria coincidiendo con la cercanía de las elecciones.
“El bloqueo no se resuelve, se reproduce, eso sí, se reproduce con una ventaja sustancial para el Gobierno. Todo el poder se concentra en una sola persona, designada por el Gobierno, sin contrapeso, sin control parlamentario, sin control de los profesionales”, ha recalcado.
Hernández sostiene que se “vacía de contenido” la Junta de Control al otorgar “a una persona” —el administrador general— “plenos poderes de gestión, de contratación, de línea editorial, todo”.
Ha reprochado al Ejecutivo que no haya buscado acuerdos amplios en esta legislatura y que se opte ahora por una “solución muy simple, pero muy peligrosa”, consistente en “quitar el poder al Parlamento”, además de que “se han cargado” el Consejo de Informativos.
Como alternativa, NC-BC ha defendido la constitución de una Junta de Control con un representante por cada grupo parlamentario y que, en función de la representatividad, se amplíe siguiendo criterios de proporcionalidad.
La diputada nacionalista considera que se “abre la puerta” a la externalización de los servicios informativos y ha reclamado “dejar claro” que se protege el empleo estable de la plantilla de RTVC porque es “imprescindible” para preservar la independencia editorial.
La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha cuestionado las “imposiciones y las urgencias” del Gobierno de Canarias, que, según ha dicho, ni siquiera ha intentado negociar con la oposición en un “asunto nuclear”, un ejemplo del “modo Clavijo” de gobernar.
“Usted nos pide consensos para lo que usted piensa que son grandes temas, pero para lo de aquí usted lo convierte en portazos a este Parlamento”, ha afeado al presidente, calificando la nueva norma como la “ley Clavijo”.
Ha criticado la “barra libre de contratos” que, a su juicio, abre el texto y la figura del “comisario político” —César Toledo, administrador general—, que habría puesto en marcha un “sistema de presión insoportable para los trabajadores y trabajadores”.
No comparte la “urgencia” en la tramitación, ha censurado la “vinculación” del Ejecutivo con RTVC y la reducción del “peso” del Parlamento, al tiempo que ha recordado que el Consultivo advierte de la inconstitucionalidad de numerosos artículos y de que “compromete la neutralidad institucional”.
AHI: ACABAR CON UN RÉGIMEN TRANSITORIO
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha explicado que el proyecto de ley pretende corregir las “anomalías institucionales” en el control de RTVC, dado que el ente ha venido funcionando “en un régimen transitorio y provisional”.
Ha indicado que el objetivo es encontrar una “salida democrática” que garantice el “pluralismo político, social y también territorial, para reforzar la identidad canaria y para asegurar el derecho de la ciudadanía a una información que sea veraz y plural”.
Ha lamentado que haya sido “imposible” constituir el órgano de control parlamentario y considera que la oposición hace un “flaco favor” a la plantilla de RTVC cuando fía el buen funcionamiento exclusivamente a la Junta de Control.
Melodie Mendoza (ASG) ha insistido en que RTVC no puede continuar instalada en la “provisionalidad” ni en la “excepción”, recalcando que la ley “no nace contra nadie” sino para favorecer la “estabilidad”.
Ha criticado la “parálisis orgánica” y el “bloqueo” del ente en los últimos años y ha resaltado que el nuevo modelo de gobernanza “busca equilibrar eficacia, control democrático e independencia”. “No estamos ante una ley que concentre poder”, ha precisado.
Ha añadido que se “blinda” el carácter público de los informativos y se ofrecen “garantías de continuidad laboral” a los trabajadores.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha sostenido que la finalidad de la ley es derogar la de 2014 para que el ente “dependa aún más del Gobierno de Canarias y CC”, reprochando al Ejecutivo que no haya intentado “desbloquear” la situación durante esta legislatura.
Jover ha avisado de que tanto la Junta de Control como el administrador general pueden ser “susceptibles de presión política”, lo que “compromete” la independencia editorial y operativa, y ha cuestionado la falta de pluralismo en la parrilla de radio y televisión, así como el “despilfarro, con un aumento del presupuesto”.
PP CRITICA LAS “TRAMPAS” EN RTVE
Carlos Ester (PP) ha recriminado al PSOE las “trampas” que, según él, se producen en RTVE, con “sesgo político” en los informativos, y frente a ello ha defendido que la nueva ley de RTVC aportará “orden y limpieza” ante las “deficiencias” de la normativa de 2014, que obligaba a gestionar mediante decretos.
Ha rechazado las “mentiras” de los socialistas al asegurar que sí habrá “control parlamentario” y ha presentado como aval del Ejecutivo la firma del convenio colectivo en la ‘Radio Canaria’.
Vidina Espino (CC) ha afirmado que la ley es imprescindible para poner fin al “bloqueo institucional” de la última década y a las soluciones provisionales que han terminado por “cronificarse”, reprochando a PSOE y NC-BC que votaran en contra de los candidatos a la Junta de Control.
Ha explicado que el texto mantiene una mayoría reforzada de tres quintos en la primera votación para designar a sus miembros y que, si no se alcanza acuerdo, en una segunda votación podrán ser elegidos por mayoría absoluta, un esquema similar al previsto para el director general.
Asimismo, ha destacado que por primera vez se “blinda” el carácter público de los servicios informativos frente a las “falsedades” de PSOE y NC-BC, y ha expresado su voluntad de que la norma salga adelante con el mayor respaldo posible.
Espino ha arremetido contra las “contradicciones” de PSOE y NC-BC cuando en la anterior legislatura se dedicaron a “ampliar y ampliar las competencias” del administrador general, Francisco Moreno, y ha ironizado con que durante el ‘Pacto de las Flores’ existía “teleRomán”.