El Parlamento de Canarias ha respaldado este martes, con el apoyo de todos los grupos, el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, una disposición que culmina el cambio del modelo de atención a la dependencia en las islas al introducir mejoras relevantes en la rapidez de la gestión, la personalización de los apoyos y la posibilidad de compatibilizar distintas prestaciones.
La normativa actualiza el marco anterior para ajustarlo mejor a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia y de sus familias, incorporando medidas que facilitan la combinación de recursos asistenciales diversos y refuerzan la atención en el hogar, según destaca una nota de la Consejería de Bienestar Social.
La consejera, Candelaria Delgado, encargada de defender el contenido del decreto, subrayó durante su intervención que esta reforma "no responde a un planteamiento teórico, sino que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias canarias, el objetivo es avanzar hacia un sistema más flexible, ágil y centrado en las personas".
A su juicio, "esta norma consolida un sistema de dependencia más coherente, con mayor seguridad jurídica y orientado a garantizar derechos, la combinación de prestaciones, el refuerzo de la atención domiciliaria y la regulación de la asistencia personal suponen un avance hacia un modelo más humano y eficaz".
En la misma línea, detalló que "la convalidación del Decreto-ley permitirá aplicar de forma inmediata estas mejoras, asegurando que ninguna persona quede desatendida ante los nuevos escenarios de mayor complejidad".
La responsable autonómica insistió en que la modificación "responde a una necesidad urgente, ofrecer respuestas ágiles y adaptadas a situaciones de alta dependencia, apoyar a las familias cuidadoras y facilitar que las personas puedan permanecer en su entorno con los apoyos necesarios".
Asimismo, afirmó que "la norma representa un paso decisivo para consolidar un sistema de cuidados más flexible, garantista y alineado con la realidad social de Canarias".
Este decreto profundiza en la reforma emprendida en 2025, que ya había permitido recortar de forma notable los tiempos de tramitación. En la actualidad, el plazo medio de resolución ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 391 días, situándose en torno a 152 días en los expedientes nuevos, por debajo de los máximos fijados por la legislación.
Atención a la dependencia extrema y nueva clasificación
Entre los avances más relevantes del Decreto-ley, según el Gobierno canario, figura la creación del nuevo Grado III+ de dependencia extrema, derivado de las modificaciones introducidas en la normativa estatal.
Esta adecuación normativa hace posible garantizar de manera inmediata una atención intensiva en el domicilio, evitando lagunas legales y asegurando la cobertura desde el inicio de la situación de dependencia.
Para estos supuestos, se prevén prestaciones económicas que pueden llegar hasta 9.859 euros mensuales, dirigidas a sufragar apoyos de alta intensidad en el hogar.
Por primera vez, Canarias regula de forma integral la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), fijando los requisitos de acceso, las cuantías y los sistemas de control.
Esta ayuda tiene como finalidad impulsar la autonomía personal, favorecer la permanencia en el entorno habitual y respaldar proyectos de vida independiente.
Las cuantías máximas aprobadas, superiores a las contempladas en la normativa estatal, son de 900 euros mensuales para el Grado III, 577,25 euros para el Grado II y 436 euros para el Grado I.
La reforma incorpora además un cambio de calado al permitir la compatibilidad entre prestaciones que antes eran excluyentes.
Así, las personas beneficiarias podrán combinar servicios como la ayuda a domicilio, los centros de día o la asistencia personal en función de sus necesidades concretas.
Con este enfoque se persigue configurar planes de atención más integrales y ajustados a cada caso, evitando que los usuarios se vean obligados a renunciar a apoyos esenciales.