El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde este miércoles, con el respaldo unánime de la Cámara, a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Gobierno central a reformar la ley estatal de Costas de 1988, con el objetivo de salvaguardar los núcleos tradicionales del archipiélago afectados por el dominio marítimo-terrestre.
Al mismo tiempo, y con el voto en contra de Vox, se ha acordado reclamar que se complete de manera definitiva la transferencia de las competencias en materia de Costas, prevista en el Estatuto de Autonomía, así como la redacción y aprobación de la futura ley autonómica.
La diputada del Grupo Popular Jennifer Curbelo ha señalado que la Ley de Costas no contempló las “singularidades” de las poblaciones costeras de las islas y considera que es “de justicia y de coherencia” abordar una reforma.
“No es una cuestión de quién tiene la culpa, quién ha podido hacer, quién ha pasado por el largo, por todos estos años, quién ha podido tener la oportunidad”, ha añadido, recalcando que en este asunto está en riesgo “la vida” de muchas personas y la “propia identidad” del archipiélago.
Ha remarcado que numerosos vecinos “han pasado años de calvario judicial para salvar sus casas” debido a una normativa “que dibuja líneas sin criterio con dientes de sierra injustificados y que ha puesto en jaque la seguridad jurídica de muchos”.
Rafael Nogales, del Grupo Socialista, ha defendido mediante una enmienda que se exhorte al Gobierno de Canarias a desarrollar la ley autonómica de Costas, ya que “no basta con mirar” a Madrid para resolver este conflicto, sino que es necesario aplicar las nuevas competencias transferidas.
“Esta situación no nace hoy, ni se resolverá únicamente con una declaración de intenciones remitida al Estado”, ha afirmado, reprochando que cuando el PP dispuso de mayoría absoluta en el Congreso “no hizo nada”.
Por su parte, Jana González, del Grupo Nacionalista, ha resaltado que Canarias dispone ya de “plena autonomía” en la gestión de su litoral, aunque el proceso se llevó a cabo “de forma errónea”, y ha defendido que el Ejecutivo central no debe interferir ni “encorsetar” con los deslindes y el cobro de concesiones.
Ha subrayado que los asentamientos costeros están “cargados de valor patrimonial, cultural y sentimental” y, aunque coincide en que la ley estatal requiere cambios, entiende que la “solución definitiva” pasa por la “gestión plena” por parte del Gobierno de Canarias.
ASG: UN ACTO “DE JUSTICIA”
Jesús Ramos (ASG) ha manifestado que esta PNL “es de justicia” porque los deslindes no se ajustan a la realidad, citando como ejemplo que el último, el de Valle Gran Rey en 2024, ha sido impugnado por el Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional.
“Si seguimos legislando a miles de kilómetros de Canarias seguirán ocurriendo cosas como esta”, ha advertido, defendiendo por ello la “transferencia plena” de las competencias en costas.
Raúl Acosta (AHI) ha señalado que la aplicación de la ley estatal ha originado situaciones “muy complejas”, con poblaciones asentadas desde hace décadas ligadas a la pesca y a oficios tradicionales, por lo que considera imprescindible hallar fórmulas para “compatibilizar” su protección con los deslindes.
También ha reclamado que se materialice de forma efectiva el traspaso de las competencias en costas, al considerar que la normativa estatal está “desfasada”.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha subrayado que Canarias “no se entiende” sin sus núcleos tradicionales costeros, que fueron “engullidos” por la ley estatal, la cual “compromete” igualmente ahora los “proyectos de vida” en plena emergencia habitacional.
A su juicio, “antes que una nueva ley” en las islas y “obsesionarse con el autogobierno” resulta preferible reformar y actualizar la legislación estatal, porque “lo importante es que el litoral canario y sus gentes estén cuidadas”.
Carmen Hernández (NC-bc) ha rememorado la “lucha histórica” de Juan Pedro Pérez Medina en Ojos de Garza en defensa de los núcleos tradicionales y ha destacado la “tranquilidad” que supone que tanto PSOE como PP expresen su voluntad de modificar la ley estatal, a la que ha calificado de “injusta”.