El Grupo Parlamentario Socialista ha formalizado en la Cámara regional una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, a la nueva Ley de Comunicación Audiovisual de Canarias.
Según los socialistas, la norma promovida por el Gobierno de Canarias implica "dinamitar" los contrapesos institucionales, profesionales y parlamentarios que hasta ahora protegían el pluralismo social y político en los medios públicos canarios, entre ellos Radiotelevisión Canaria (RTVC).
El Grupo Socialista sostiene que el proyecto de ley "no nace para mejorar la operatividad del ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC), sino que utiliza como excusa la parálisis derivada de la aplicación incompleta de la Ley 13/2014 para imponer un modelo de control gubernamental ya superado, debilitando de forma grave la independencia editorial y la función de servicio público de los medios de comunicación autonómicos".
La enmienda de devolución recalca que el marco legal de la radio y la televisión públicas, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, se ha edificado históricamente sobre un principio básico: el pluralismo político y social, recogido en el Artículo 20.3 de la Constitución Española.
Este principio, recuerdan los socialistas en un comunicado, se ha concretado durante años mediante "mayorías parlamentarias reforzadas, mandatos desacoplados del ciclo político, órganos de control profesional y una fuerte rendición de cuentas ante el Parlamento autonómico".
Supresión de los consejos informativos y concentración de poder
En cambio, el PSOE considera que la propuesta legislativa del Ejecutivo autonómico quiebra "de forma deliberada" ese equilibrio y, entre los cambios más preocupantes, subraya la eliminación de los consejos informativos, órganos internos encargados de velar por la independencia, la veracidad y las buenas prácticas periodísticas desde las propias redacciones.
La enmienda socialista advierte de que, lejos de reforzar estos órganos o asegurar su puesta en marcha, como sucede en RTVE y en otros operadores públicos europeos, la nueva ley los suprime y deja su posible creación en manos de los órganos de gobierno, además de vaciarlos de contenido efectivo.
A este hecho se añade la conexión directa de los mandatos de la Junta de Control y de la Dirección General con la legislatura parlamentaria, lo que, a juicio del Grupo Socialista, "rompe" el modelo de estabilidad institucional instaurado en 2014 y entra en conflicto con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.
Los socialistas recuerdan igualmente que el Consejo Consultivo de Canarias ya ha alertado de que esta regulación podría resultar "incompatible" con el derecho europeo y poner en riesgo la independencia funcional del ente público.
La enmienda también pone el foco en la "concentración excesiva de poder" en la figura de la Dirección General, a la que se faculta para nombrar libremente al personal directivo sin procesos de concurrencia pública, autorizar casi todo el gasto del ente y asumir delegaciones permanentes y sin límites de funciones esenciales.
"Todo ello reduce de manera drástica el control parlamentario y favorece un modelo de gobernanza opaco y vulnerable a injerencias políticas", subrayan.
Asimismo, el Grupo Socialista advierte de que el proyecto abre la puerta a una "externalización encubierta" de los servicios informativos, "al no definir con claridad qué se entiende por producción y edición de informativos, pese a la experiencia jurisprudencial existente y a los riesgos que esta indefinición entraña para la prestación directa del servicio público".
Para los socialistas, la ausencia de un acuerdo amplio, tanto político como social, empeora el escenario.
"El Gobierno no ha dialogado con los grupos parlamentarios, ha ignorado a los profesionales y a las organizaciones sindicales y ha reducido al mínimo legal el trámite de información pública, sin una verdadera participación del sector", añaden.
En consecuencia, la enmienda a la totalidad reclama que el proyecto de ley sea devuelto al Ejecutivo autonómico, "no para mantener el statu quo, sino para abrir un proceso real de diálogo y consenso que permita actualizar la normativa audiovisual sin sacrificar los principios democráticos que deben regir los medios públicos".
El Grupo Socialista reitera su voluntad de implicarse en una nueva ley que asegure la eficiencia, "pero también independencia, pluralismo y respeto escrupuloso a los estándares constitucionales y europeos".