La Plataforma Canaria Educación Inclusiva y la Asociación Madres sin Miedo han expuesto este lunes en el Parlamento de Canarias que el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) está siendo expulsado de diversos centros educativos del archipiélago, incluidos algunos que disponen de Aulas Enclave, y que se están produciendo “abusos de autoridad” por parte de determinados docentes.
La portavoz de la plataforma, Carolina Buriticá, ha comparecido ante la comisión parlamentaria de Educación, en el marco de la tramitación de la ley de autoridad del profesorado, y ha relatado que “Lo estamos pasando muy mal, queremos recuperar nuestras vidas, no queremos estar matándonos a defender los derechos de nuestros hijos”.
Buriticá ha recalcado la existencia de “barreras” en Canarias para la escolarización de este tipo de alumnado y ha denunciado que se “vulneran” sus derechos, lo que empuja a muchas familias a acudir “a los juzgados” ante la ausencia de apoyos y las “decisiones arbitrarias” que, según ha dicho, se adoptan en algunos centros escolares.
Ha señalado que los estudiantes NEAE precisan “más protección” que el propio profesorado, que las familias se sienten “desamparadas” y que la nueva normativa “no tiene en cuenta” al alumnado con discapacidad, fomentando la “exclusión y el abandono escolar”.
En esa misma línea, ha lamentado que “se sigue criminalizando” a los alumnos con necesidades especiales, a quienes se “maltrata”, en parte por la “falta de formación” del profesorado, e insiste en que es necesario reforzar “lo pedagógico” por encima de lo “sancionador”.
Ha descrito el sistema educativo como “inflexible” y que “no se implica” en las necesidades específicas del alumnado, y ha cuestionado las expulsiones de estudiantes por comportamientos directamente relacionados con su diagnóstico. Por ello, ha reclamado “trabajar con empatía y recursos”.
Pasa “en todas las islas” y afecta a múltiples familias
Buriticá ha recalcado que estos episodios no son “algo puntual” sino que se repiten “en todas las islas”. Ha considerado que esta ley no es “prioritaria” y ha exigido que se habiliten recursos judiciales y apoyo psicológico para las familias, que actualmente deben asumir con sus propios medios el coste de la mayoría de las terapias.
Como ejemplo de la situación en las aulas, ha relatado el caso de Pablo, diagnosticado con autismo grado 1, que “tuvo que aguantar confrontaciones y gritos” sin margen para procesar lo sucedido, de modo que sus reacciones fueron calificadas como “agresivas” y terminó expulsado varios días, hasta que “se ha tenido que cambiar de centro a donde sí está siendo atendido”.
Sobre Gabriel, con TDAH y trastorno negativista desafiante, ha indicado que acumula casi un mes de expulsiones en un nuevo centro al que llegó por un traslado de isla, “amparado en reglamentos internos y en protocolos de convivencia” que, según ha denunciado, chocan con derechos fundamentales. En el caso de Thiago, con TEA y TDAH, ha relatado que ha vivido “situaciones muy graves pues se le han grabado sus crisis y difundido”, además de sufrir agresiones por parte de miembros del profesorado.
Este mismo curso, ha añadido, Thiago ha sido expulsado 15 días, “obligando a su madre, una madre soltera, a hacerse cargo de su educación en casa”. “Es increíble que esto suceda en un país que se llama a sí mismo del primer mundo”, ha añadido la portavoz.
Por su parte, los diputados de los grupos Popular y Nacionalista, Sonsoles Martín y Jonathan Fumero, respectivamente, han invitado a la representante de la plataforma a canalizar sus propuestas y enmiendas tanto en el decreto de convivencia como en la futura ley de atención a la diversidad. Asimismo, han defendido la sensibilidad del consejero de Educación, Poli Suárez, hacia el alumnado con necesidades educativas especiales.