María Farnés Martínez, Fiscal Superior de Canarias, ha reconocido la complejidad de determinar la edad de los menores migrantes en un periodo de 15 días, calificando este plazo establecido en la reforma de la ley de extranjería como un “error”. Durante la presentación de la memoria anual en el Parlamento de Canarias, Martínez explicó las implicaciones de no establecer la edad adecuadamente, lo que podría resultar en que adultos sean tratados como menores.
La fiscal destacó las dificultades particulares para los jóvenes de 15 a 18 años sin documentación, mencionando la necesidad de pruebas óseas y la logística de traslados en El Hierro, que superan el plazo legal. “Lo ideal hubiera sido que se pudiera determinar la edad lo más rápido posible, pero que una vez determinada la edad, fuera cuando fueran remitidos a la Península”, comentó.
En cuanto a los propios migrantes, muchos no conocen su edad exacta debido a sistemas de registro civil imperfectos en sus países, o creen que declararse menores facilitará su proceso migratorio. Martínez también informó sobre un aumento en la carga de trabajo en áreas de extranjería y tráfico humano, aunque aseguró que no ha habido un incremento en la criminalidad vinculada a la inmigración.
Respecto a las infraestructuras judiciales, Martínez señaló diferencias significativas entre Tenerife y Gran Canaria, especialmente en la falta de adecuación de los Palacios de Justicia y la necesidad de más juzgados de violencia contra la mujer. Además, mencionó un descenso en denuncias medioambientales en Tenerife debido a una disminución en las diligencias comparado con el año anterior.