Los cabildos insulares han expresado este martes su apoyo al decreto aprobado por el Gobierno de Canarias para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, aunque desde El Hierro se ha advertido de que es "insuficiente".
Durante un debate en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias, el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías, explicó que la norma autonómica se impulsa porque el decreto estatal no tiene "aplicación directa" en el archipiélago y, además, incide negativamente en el sistema de financiación autonómica al reducir los ingresos.
El paquete de medidas asciende a 29,8 millones de euros, de los que el Estado asume algo más de 15 millones, y podría elevarse hasta los 60 millones anuales si el conflicto se prolonga.
Entre las actuaciones destacan la rebaja del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, el aumento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas del 67% al 99%, la aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3% (como la sal, la mantequilla y el café), la ampliación del umbral del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta 50.000 euros de facturación anual, con menos cargas fiscales y administrativas, y ayudas directas por 7,2 millones de euros a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de materias primas.
La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, reclamó al Ejecutivo regional "más esfuerzo" para proteger a familias y empresas, recordando que la coyuntura económica es "excepcional" y que Canarias es especialmente "vulnerable" ante las crisis internacionales.
Tras reiterar el "no a la guerra" de su corporación, subrayó que el decreto "se queda corto" y defendió la necesidad de "ir más allá" con un "verdadero plan anticrisis que esté a la altura de las necesidades de los ciudadanos".
Por parte del Cabildo de Fuerteventura, el consejero de Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos, Adargoma Hernández, consideró que el decreto es "necesario" y recoge medidas "concretas y directas", especialmente en el respaldo al sector primario.
Hernández pidió igualmente al Gobierno central suspender las reglas de gasto para disponer de más recursos públicos y reclamó "transparencia, claridad y celeridad" en la tramitación de las ayudas.
El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, reconoció que la situación es "compleja y preocupante" porque, en Canarias, por la lejanía y su condición ultraperiférica, se "amplifican" los efectos de la crisis económica.
En su opinión, resulta "razonable" recurrir al decreto-ley, ya que se requiere "agilidad" para responder a un entorno económico "cambiante". Por ello, defendió que se deje abierta la posibilidad de revisarlo y ampliarlo si fuera preciso, sin olvidar la "afección indirecta" sobre la financiación insular.
La consejera de Promoción Económica, Comercio, Acción Social, Igualdad, Diversidad, Vivienda, Salud, Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, Miriam Perestelo, destacó la "responsabilidad" del Ejecutivo canario al sacar adelante este decreto, que, a su juicio, marca una "hoja de ruta clara" para las islas frente a un "escudo estatal que no llega".
La doble insularidad, un “lastre” para La Palma
Perestelo recordó que el archipiélago "no es una realidad uniforme" y que la doble insularidad se convierte "en un lastre insuperable" en momentos de crisis, sobre todo por el elevado coste del transporte, que golpea con especial intensidad al sector primario.
Apuntó también que La Palma continúa afrontando las consecuencias de la erupción volcánica, por lo que reclamó al Estado la exención de las reglas fiscales para la isla, con el objetivo de incrementar el endeudamiento y ampliar la capacidad de gasto. "No tiene sentido", afirmó.
El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, recordó el acuerdo de la Fecai para pedir al Estado una flexibilización de las reglas fiscales, al considerar que las necesidades de las islas "no están bien atendidas" en el decreto estatal "anticrisis".
Ruano sostuvo que el decreto canario incorpora medidas "acertadas", aunque repercute en la financiación de los cabildos, y pidió al Gobierno regional que se siente con las corporaciones insulares para analizar la evolución de la guerra y sus efectos sobre el archipiélago.
Asimismo, advirtió de que será inevitable adoptar nuevas decisiones si la guerra se alarga, especialmente en el caso de que los precios de los carburantes se mantengan elevados durante muchos meses o se produzca escasez de combustible para la aviación.
El Grupo Nacionalista ha defendido la conveniencia de someter el decreto a una revisión una vez finalice el trimestre y, tanto NC-bc como el PSOE, que han avanzado su voto favorable a la convalidación en el Pleno del Parlamento, han pedido que se tramite como proyecto de ley.