Los cabildos insulares han dado este miércoles su visto bueno, en la Comisión General del Parlamento de Canarias, a la reforma de su ley, que comenzará ahora su tramitación en la Cámara. El apoyo llega a pesar de las advertencias del Consejo Consultivo, que ha alertado de la posible inconstitucionalidad de suprimir los límites retributivos, y de las reservas de Vox, único grupo que no respalda la proposición de ley.
La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha recalcado que no se trata de una "reforma menor" sino de una "actualización necesaria y estratégica" para "modernizar la gestión, fortalecer el autogobierno insular y adaptarlo plenamente" al Estatuto de Autonomía, renovado en 2018.
"Se trata, por tanto, de consolidar los cabildos como instituciones claves en la vertebración de Canarias", ha añadido, subrayando que la nueva norma "no altera para nada la esencia" de estas corporaciones e "impulsa la cooperación interinsular, introduce mecanismos de solidaridad y consolida una visión compartida de Canarias como archipiélago atlántico diverso en su identidad pero unido en sus desafíos".
La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha calificado la reforma de "necesaria" para adecuarla al Estatuto de Autonomía, con el objetivo de hacer la administración insular "más eficiente" y reforzar la "seguridad jurídica". A su juicio, "no supone ni una ruptura del modelo local ni desnaturalización de los cabildos, supone más bien, el desarrollo del Estatuto de 2018, clarificación sistemática y un refuerzo institucional insular".
Considera, además, que el texto potencia la dimensión autonómica "sin vaciar la autonomía local" y desplaza el debate al "encaje entre dos naturalezas jurídicas" más que a la pugna competencial, al tiempo que estima "subsanables" las objeciones formuladas por el Consultivo.
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura y de la Fecai, Lola García, ha dado por superado el informe del Consultivo tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, recordando que los cabildos disponen hoy de más atribuciones, no solo las transferidas. Ha destacado que la nueva ley permitirá incorporar profesionales técnicos al Consejo de Gobierno "sin limitaciones las actuales" y facilitar la movilidad de los funcionarios, algo que ha considerado esencial para las islas no capitalinas.
El papel institucional de los cabildos y el informe del Consultivo
El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha considerado "oportuno" el nuevo marco normativo para responder a las necesidades actuales de las corporaciones insulares desde que el Estatuto reconoció expresamente su carácter institucional en el archipiélago. Ha señalado que el trámite parlamentario servirá para "mejorar los textos" en "diálogo" con los grupos, de modo que el resultado final "sea sólido y aplicable", insistiendo en que, pese a los reparos del Consultivo, la ley no debe replantearse de forma integral.
"La aprobación de esta ley, con las correcciones oportunas, permitirá dar estabilidad al sistema institucional canario y reforzar el papel de las islas dentro del autogobierno, no es una ley para una institución concreta, es una ley para mejorar el funcionamiento de Canarias en su conjunto", ha detallado.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha vuelto a incidir en el "carácter bifronte" de los cabildos y ha calificado el dictamen del Consultivo de "alejado de la realidad", recordando que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido esa doble naturaleza. En la misma línea, el vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha afirmado que la reforma viene exigida por el Estatuto de 2018, ha remarcado la condición "bifronte" de estas entidades y ha defendido que el texto "no va contra los habilitados nacionales", aunque tampoco pretende que se impongan "criterios corporativos".
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha ironizado con que esta reforma "no va a duplicar ninguna" ley y ha justificado la abstención de su grupo en la toma en consideración por el temor a un incremento del gasto público, ya que "no suena bien" que se eliminen los topes retributivos o se facilite la contratación de personal temporal.
Desde NC-BC, su portavoz Luis Campos ha tachado de "extemporánea" la lectura del Consejo Consultivo una vez aprobado el Estatuto de Autonomía en 2018, mientras que Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha subrayado que la norma es "vital" para consolidar a los cabildos como "gobiernos de la isla" en el plano jurídico. "Hoy los cabildos no son meras entidades locales, ejecutan políticas autonómicas, asumen competencias transferidas y delegadas y representan ordinariamente al Gobierno de Canarias en cada isla, son en la práctica la administración más cercana, la que mejor defiende el interés insular", ha apuntado.
En relación con el Consejo Consultivo, ha recalcado que si este "aprecia desajustes", la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios es "corregirlos durante el trámite parlamentario".
Debate político: medios, competencias y habilitados nacionales
Jesús Ramos (ASG) ha defendido que los cabildos afrontan sobre todo un "problema de medios" para ejecutar sus funciones, y no de duplicidad administrativa, y ha coincidido con los representantes insulares en la necesidad de adaptar la ley al Estatuto de Autonomía.
La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha expresado su "respeto" al informe del Consultivo y se ha comprometido a "mejorar" determinados preceptos, en especial los relativos a los habilitados nacionales. "Hay que darle una pensada", ha señalado.
Desde el Grupo Nacionalista, Socorro Beato ha indicado que la nueva ley refuerza la "doble condición" de los cabildos como administración local y como instituciones de la comunidad autónoma, por lo que considera imprescindible actualizar su "encaje" con el Estatuto. Sobre el dictamen del Consultivo, que dice respetar, ha recordado que el que fue realmente "duro" fue el emitido antes de la ley de 2015. "Sin embargo, ese dictamen fue superado, fue reconducido y tenemos una ley que ya lleva más de 10 años", ha explicado.
Nayra Alemán, del Grupo Socialista, ha asegurado que trabajarán "de la mano" de los cabildos como "aliados", comprometiéndose a buscar fórmulas para corregir los artículos cuestionados por el Consultivo, especialmente los que afectan a los habilitados nacionales.