El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Luis Campos, comunicó este viernes que su grupo registrará un voto particular contra una disposición adicional de las cuentas de 2026, que considera “palmaria y evidentemente contraria al derecho de la Unión Europea (UE)” por haberse tramitado sin el preceptivo informe de la Dirección General de Asuntos Europeos.
Campos alude en concreto a la disposición adicional 46 bis incorporada al dictamen con el respaldo de los grupos que sostienen al Ejecutivo autonómico y que, según advirtió, “pone en riesgo” la seguridad jurídica y el patrimonio de más de 5.000 agricultores plataneros de La Palma, que podrían verse obligados a reintegrar las ayudas percibidas.
El representante de NC-bc formalizará el voto particular el próximo lunes, una vez que la Mesa de la Cámara rechazó la petición de su grupo de recabar un informe jurídico sobre la legalidad de la enmienda relativa a las subvenciones al plátano en la isla.
De acuerdo con la explicación de Campos, la Mesa denegó la solicitud al estimar que este órgano “no tiene competencias para emitir informes de legalidad” sobre las enmiendas introducidas en el proyecto de ley.
No obstante, precisó que NC-bc, al amparo del artículo 136 del Reglamento, está habilitado para presentar un voto particular que será defendido en el pleno del próximo martes, antes de la votación definitiva de la norma presupuestaria.
Campos avanzó que el texto se apoyará en los mismos razonamientos jurídicos ya expuestos en la petición desestimada, cuyo núcleo es que la disposición adicional 46 bis resulta “palmaria y evidentemente contraria al derecho de la Unión Europea” que regula este tipo de ayudas de Estado.
Recordó que esta normativa europea es de obligado cumplimiento para todas las administraciones, tanto estatales como autonómicas.
El dirigente canarista recalcó que la “maniobra” promovida por el gabinete de Clavijo y culminada por CC, PP, ASG y AHI no solo vulnera las reglas comunitarias, sino que además “pone en peligro” a más de 5.000 plataneros palmeros.
“Los productores cobrarán ahora, pero con el enorme riesgo”, reiteró en su advertencia, “de tener que devolver las ayudas con intereses cuando la Comisión Europea verifique que no se han respetado los reglamentos europeos”.
DEFENDER LA SEGURIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIAL
El diputado nacionalista remarcó que la actuación de NC-bc persigue como objetivo central proteger “la seguridad jurídica y patrimonial” de los agricultores plataneros de La Palma.
“No vamos a permitir que sean expuestos a un riesgo gravísimo solo para sacar adelante una medida políticamente oportunista e incompatible con el derecho europeo”, afirmó.
Campos recordó que los grupos que apoyan al Gobierno introdujeron esta medida mediante la enmienda 116, en lugar de integrarla en el articulado del proyecto de ley, con el fin de “evitar deliberadamente” los informes preceptivos de legalidad de los órganos de la comunidad, como los Servicios Jurídicos, las Secretarías Generales y la Comisión de Secretarios.
A ello se añadió, prosiguió, una posterior enmienda in voce (P-50) de esos mismos grupos, que incorporó un nuevo apartado destinado a suprimir incluso el informe obligatorio de compatibilidad con las normas europeas de competencia que debe emitir la Dirección General de Asuntos Económicos con la UE, tal y como fija el decreto 100/1999.
Para NC-bc, “estamos además ante un intento sin precedentes de anular los controles diseñados para garantizar que las ayudas públicas cumplan la normativa europea”.
En opinión de Campos, “es un procedimiento muy peligroso para los agricultores por ser ilegal”.











