El consejero de Vivienda, Movilidad y Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha indicado este viernes que su departamento ha sacado a concurso alrededor de 600 millones de euros en obras públicas, de los cuales solo un 0,2% se ha tramitado mediante un encargo directo a Tragsa. Estas cifras se conocen tras las críticas de la Asociación Canaria de Empresarios Constructores y Promotores, que responsabiliza al Ejecutivo de "hundir" al sector por recurrir a adjudicaciones directas a una empresa estatal.
Rodríguez ha ofrecido estos datos en una comisión parlamentaria, al responder a una cuestión planteada por la diputada de NC-BC, Carmen Hernández. La parlamentaria se refirió a la "dura" denuncia lanzada desde la patronal, que habría elevado hasta mil millones de euros el volumen adjudicado de forma directa a Tragsa, lo que equivaldría, según sus cálculos, a unas 943 obras públicas.
En su intervención ante la Cámara regional, Hernández ha subrayado la necesidad de "apoyar" al tejido público y privado en el archipiélago. En este contexto, ha preguntado por qué se da un "volumen tan alto de contratos desiertos" que terminan siendo ejecutados mediante encargos a una empresa estatal, y por qué no se recurre en mayor medida a empresas públicas radicadas en Canarias.
Encargos directos como opción legítima
El consejero ha reivindicado la "legitimidad" de los encargos directos a empresas públicas para la ejecución de obras consideradas estratégicas. "No es trampear, es una posibilidad que existe, y a la que acuden prácticamente todas las administraciones por distintas causas, con aquellas empresas que la administración declara como medios propios".
Ha precisado que, en lo que va de legislatura, su departamento —tanto en el área de Obras Públicas como en Vivienda— ha licitado en torno a 600 millones de euros en proyectos de infraestructuras, y que únicamente un "0,2% de las adjudicaciones habrían sido por encargo". Según ha remarcado, la mayor parte de los fondos se han destinado a licitaciones públicas abiertas al sector privado y, cuando algún concurso ha quedado desierto, se ha revisado y vuelto a sacar a licitación.
"Los datos a los que se refiere la Asociación es a la actuación de las administraciones públicas canarias en general, incluyendo ayuntamientos, Cabildos y otras Consejerías. Es cierto que han acudido a Tragsa, sobre todo cuando los proyectos han estado vinculados a los fondos europeos MRR, donde los plazos de justificación son bastante cortos y, ante esa situación, se han hecho encargos en lugar de licitaciones", ha explicado el consejero, aludiendo a la presión de los tiempos asociados a la financiación europea.