El Pleno del Parlamento de Canarias ha decidido este miércoles, con el respaldo de los grupos que sostienen al cuatripartito y de Vox, no admitir a trámite la proposición de ley del Grupo Socialista. El texto, que contaba con un informe desfavorable del Ejecutivo autonómico, planteaba la regulación de los grandes tenedores, una reforma de la carga fiscal y el incremento de hasta un 30% del parque público de vivienda.
El portavoz socialista, Sebastián Franquis, ha subrayado que el acceso a la vivienda se ha convertido en un «factor de desigualdad» y ha señalado que en torno al 14% de los inmuebles residenciales se concentra en manos de grandes tenedores, con un «crecimiento constante» año tras año.
Según ha explicado, la iniciativa legislativa buscaba introducir «transparencia» y «garantiza» el acceso a la vivienda frente a las «dinámicas especulativas», mediante la creación de un registro de grandes propietarios que permitiera orientar mejor las decisiones sobre promoción de vivienda pública. «No es una ocurrencia, es una necesidad», ha recalcado.
Ha defendido que el texto no supone intervenir el mercado privado, sino un «reequilibrio» de la fiscalidad a través de la revisión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de forma que no se trate igual «a una familia que compra una vivienda por primera vez para vivir, que a una sociedad que adquiere edificios completos para destinarlo a vivienda vacacional».
En su intervención, Franquis ha asegurado que se trata de una norma «jurídicamente sólida, fiscalmente viable y plenamente constitucional. Está amparada por nuestras competencias exclusivas en materia de vivienda y por nuestra competencia normativa en tributos cedidos». Ha insistido en que es una propuesta «valiente y justa» y ha advertido de que Canarias «necesita recuperar el control democrático de un recurso tan especial como escaso».
El diputado socialista ha reprochado al Ejecutivo regional, y en particular al Instituto Canario de la Vivienda, la elaboración de informes «temerosos» que, a su juicio, ponen en duda la viabilidad de la proposición sin ofrecer alternativas de calado.
Críticas de CC: más burocracia y falta de rigor
Socorro Beato (CC) ha argumentado que la proposición carece de ficha financiera y de un análisis «riguroso», además de que «ignora» las actuaciones ya desplegadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis habitacional.
La parlamentaria nacionalista ha reclamado evitar la improvisación y ha sostenido que el texto únicamente añade «más burocracia» a los ayuntamientos sin aportar «ninguna utilidad real» en la lucha contra los grandes tenedores. A su juicio, esta cuestión podría abordarse de forma más adecuada en el proyecto de ley de agilización de licencias.
Beato ha remarcado que la vivienda es una «prioridad» para el Gobierno canario, especialmente en lo relativo al aumento de la oferta disponible, y ha valorado la reciente aprobación de la ley de alquiler vacacional como una de las medidas ya en marcha.
El PP acusa al PSOE de intervencionismo en el mercado
Jennifer Curbelo (PP) ha cuestionado el afán «intervencionista» del PSOE por intentar controlar el mercado de la vivienda, cuando, en su opinión, lo que se requiere es «seguridad jurídica» para que los propietarios se animen a sacar sus inmuebles en alquiler.
Ha apuntado que la ciudadanía «no quieren más registros ni más burocracia» y ha defendido que, durante los siete años de mandato de Sánchez, la vivienda ha pasado a ser el «principal problema» de los españoles y un elemento de «emprobrecimiento».
«Sánchez se ha pasado siete años prometiendo viviendas que no se construyen, con una política nacional de vivienda dedicada a proteger al okupa», ha manifestado, reprochando además que el PSOE impulse esta ley autonómica cuatro años después del ‘Pacto de las Flores’. En su opinión, lo que debería hacer el partido es «derogar la nefasta ley» estatal de vivienda.
NC-bc y Vox cargan contra la gestión del Gobierno
Carmen Hernández (NC-bc) ha recordado que los canarios «no quieren vivir en cuevas ni en coches» y ha calificado al Ejecutivo de «incompetente» para dar respuesta al problema habitacional, pese a ser «competencia» directa de la comunidad autónoma.
Ha criticado que el cuatripartito utilice a Pedro Sánchez como excusa para justificar su falta de gestión y les ha instado a aclarar «que bando» eligen, si el de los especuladores o el de la ciudadanía. «Qué problema hay de que sepamos quienes son los grandes tenedores», ha preguntado, al tiempo que les ha acusado de atender únicamente «a los superricos» y de condenar a la juventud a que «no tenga esperanza».
Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha sostenido que la ley estatal de vivienda «ampara» a los okupas y «dificulta» el acceso a una casa, lo que, a su juicio, evidencia la «incompetencia» de los socialistas. «Esta ley es un nuevo castigo a la propiedad privada y a la inversión», ha afirmado.
Jover ha defendido que «el problema de vivienda en Canarias no son los propietarios, sino que falta vivienda disponible, falta seguridad jurídica y sobran impuestos y trabas», y ha remarcado que el modelo que plantea la proposición está condenado al «fracaso». «Defender el derecho a la vivienda no es perseguir al propietario», ha añadido.
ASG y Grupo Mixto alertan del impacto fiscal
Melodie Mendoza (ASG) ha cargado contra el «rostro» de la diputada canarista porque «no se cree» lo que defiende en el hemiciclo y, aunque ha reconocido las «buenas intenciones» del texto, considera que carece del «rigor» necesario para alcanzar sus fines.
Ha advertido de que el impacto fiscal de la propuesta es «enorme» y ni siquiera se ha cuantificado, hasta el punto de poder poner en riesgo la estabilidad financiera de la comunidad. A su juicio, genera efectos «distorsionadores» y una asimetría fiscal que no se da en ninguna otra autonomía.
«No rechazamos la idea de actuar frente a la concentración especulativa ni tampoco la de revisar la fiscalidad, de hecho, lo hemos hecho en varias ocasiones también en este Parlamento, pero también creemos que debe hacerse a través de instrumentos que sean eficaces y, sobre todo, proporcionados», ha señalado.
El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha ironizado sobre la «clarividencia» del PSOE cuando está en la oposición y no en el Gobierno, y ha considerado que la proposición «no va a ayudar ni a desatascar» el acceso a la vivienda.
Acosta ha admitido que aún queda «mucho por hacer» para incrementar la oferta residencial, pero ha recalcado que el texto no está «suficientemente fundamentado». Ha puesto en duda la asimetría que introduce la reforma tributaria y ha reclamado «coherencia y continuidad» en la política de vivienda.
«La política de vivienda en Canarias exige seriedad, seguridad jurídica y sobre todo planificación», ha concluido.