Este miércoles, el Parlamento de Canarias ha dado su aprobación a la nueva legislación que regula el alquiler vacacional, enfrentando el rechazo unánime de PSOE, NC-bc y Vox. Estos partidos se opusieron incluso al debate de 24 enmiendas ‘in voce’ propuestas por los partidos del gobierno cuatripartito.
La consejera de Turismo, Jessica de León, reconoció la complejidad de la normativa, calificándola de ‘difícil de interiorizar, explicar y gestionar’. Agradeció el soporte de CC, PP, ASG y AHI, así como del presidente y vicepresidente de Canarias, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, respectivamente, quienes fueron claves para la aprobación de la ley.
Esther González de NC-bc lamentó la falta de apoyo a sus 34 enmiendas parciales y criticó al Gobierno por ‘señalar con el dedo’ a los pequeños propietarios y por no implementar una moratoria en nuevas licencias, lo que resultó en una ‘avalancha’ de solicitudes. Cuestionó la intención detrás de la ley, sugiriendo que propicia la expulsión de residentes canarios de áreas turísticas.
Gustavo Santana del PSOE describió la ley como perjudicial para los residentes y contraria al ‘interés general’, indicando que ha causado un ‘efecto llamada’ con un aumento significativo de las viviendas vacacionales. Propuso como alternativa limitar el número de viviendas a tres por propietario para beneficiar a los pequeños propietarios.
Raúl Acosta, del Grupo Mixto, defendió la ley como una mejora significativa que ‘ordena, no castiga’ y permite diferenciaciones entre islas. Criticó a la oposición por no aceptar las enmiendas in voce, lo que marcó un ‘precedente parlamentario’.
David Morales del PP destacó que la ley pone fin a la proliferación de ‘pseudohoteles’ y aumenta la autonomía municipal en la regulación del alquiler vacacional. Socorro Beato de CC enfatizó que la ley busca ordenar el sector con un enfoque equilibrado y ofrecer seguridad jurídica a los pequeños propietarios.
Paula Jover de Vox criticó la ley por ser ‘camaleónica’ y no resolver los problemas esenciales, aumentando la carga sobre propietarios y ayuntamientos.