QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento de Canarias ha aprobado una Proposición No de Ley recientemente, con el objetivo de incluir la obesidad como enfermedad crónica en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, lo que implicaría también la financiación de su tratamiento farmacológico por parte de dicho sistema.
La propuesta, impulsada por NC-BC, ha sido respaldada de manera abrumadora con 54 votos a favor y tres abstenciones de Vox y el Grupo Mixto. Durante su intervención, la diputada Raquel Noemi ha destacado el severo impacto de la obesidad en las islas, señalando que no solo es un problema estético, sino una condición «crónica y multifactorial» directamente relacionada con las «desigualdades» existentes en la región. Noemi ha resaltado datos alarmantes: el 23,1% de los adultos y el 35,5% de los niños en Canarias sufren de obesidad.
«Además, Canarias ocupa el segundo lugar en España en términos de prevalencia de obesidad», ha señalado Noemi, quien también ha mencionado que el coste de la obesidad en el sistema sanitario español se eleva a unos 2.800 millones de euros anuales, lo que supone un aumento del 20% en los gastos sanitarios. La diputada ha enfatizado que estos costes son solo «la punta del iceberg», ya que también se incluyen costes indirectos como el absentismo laboral y la disminución de la productividad.
Desde NC-BC, se ha defendido la necesidad de no tratar la obesidad simplemente como un síntoma o problema estético, y han solicitado un impulso en la financiación del tratamiento farmacológico a través del Sistema Nacional de Salud. También han instado al Estado a desarrollar un plan integral de abordaje y detección precoz de la obesidad, teniendo en cuenta las diferencias de género y clase social.
En el debate, otros partidos como CC y PSOE han expresado su preocupación y han pedido más recursos y planes específicos para combatir esta condición. El PP y ASG han hecho hincapié en la necesidad de separar la obesidad de los estigmas sociales y de trabajar en mejorar las cifras y en la evaluación de las políticas implementadas.
