QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado su visto bueno este miércoles a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la protección del arbolado urbano en las islas, una propuesta respaldada por más de 18.000 firmas ciudadanas y que ha contado con el voto en contra de Vox.
La nueva norma se orienta a salvaguardar todos los árboles de cualquier especie situados en suelo urbano que tengan más de 15 años o un diámetro de tronco superior a 20 centímetros. Además, incorpora un régimen sancionador que considera infracción muy grave la tala, el derribo o la eliminación de ejemplares protegidos sin la preceptiva autorización administrativa.
De forma general, la ley prohíbe las “podas drásticas o indiscriminadas”, permitiéndolas únicamente en supuestos concretos, como cuando las copas no respeten la distancia mínima respecto a tendidos eléctricos o telefónicos, dificulten o bloqueen la visibilidad de semáforos, supongan un riesgo para la seguridad vial o peatonal, o afecten a la propia salud del árbol. Igualmente, fija la obligación de los propietarios de encargarse del mantenimiento, conservación y mejora de estos ejemplares.
El texto también establece que los ayuntamientos deberán actualizar el inventario municipal del arbolado al menos una vez cada diez años, con el fin de disponer de un registro actualizado de los árboles existentes en cada término municipal.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha manifestado que la ley nace “sin un respaldo claro” de los ayuntamientos, no concreta la financiación y “vuelve a cargar de burocracia” a las administraciones públicas. A su juicio, ha pesado más el “cálculo electoralista” que una protección efectiva del medio ambiente.
Galván ha reprochado que se pretenda mantener la “farsa climática” en Canarias y que se hayan rechazado las enmiendas de su grupo, orientadas, según ha defendido, a aportar “sentido común” a la protección del arbolado urbano y a impulsar un “urbanismo amable, bello y acorde a las necesidades de las familias de nuestras islas”.
Apoyos a la ley y llamada a reforzar medios municipales
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha puesto en valor el “trabajo altruista” de los impulsores de la ILP y ha admitido las dificultades señaladas por la Fecam, recordando que los servicios de jardinería difieren mucho entre municipios. Por ello, considera que tanto el Gobierno canario como los cabildos deben implicarse en su aplicación, especialmente en los municipios de menos de 10.000 habitantes, con el objetivo de conseguir “unas ciudades más verdes más limpias y más resilientes”.
Jesús Ramos (ASG) ha subrayado el “rigor” y el “carácter técnico” de la norma, así como su “equilibrio”, de forma que la carga para las administraciones, en particular los ayuntamientos, no resulte desproporcionada. No obstante, ha reclamado que no se deje “solos” a los consistorios, dado que muchos carecen de oficinas técnicas suficientes para asumir las tareas de gestión, efectuar las podas de forma adecuada o elaborar los catálogos de arbolado.
Reconocimiento al valor del arbolado urbano
Carmen Hernández (NC-bc) ha destacado la “perseverancia” de quienes promovieron la iniciativa, recordando que no es “sencillo” regular la protección del arbolado urbano cuando muchos ayuntamientos se enfrentan a la falta de personal especializado, un déficit que, ha apuntado, deben ayudar a cubrir los cabildos. Ha remarcado que la ley reconoce que los árboles “no son mobiliario urbano, no son farolas ni bancos, son seres vivos esenciales para el equilibrio de las ciudades, una ley que establece claramente los beneficios de las zonas verdes en las grandes urbes”.
En su intervención, ha advertido de que las ciudades sin árboles “son más calientes, más contaminadas, más hostiles y también más injustas”.
Por su parte, Carlos Ester (PP) ha indicado que el propósito central de la ley es “preservar” el arbolado urbano, en un contexto en el que en muchas urbes “predominan el cemento, los hierros, los asfaltos”, con el objetivo de que los entornos urbanos sean “más saludables”. Asimismo, ha incidido en la necesidad de reforzar la “concienciación” sobre la importancia de los árboles mediante “educación y formación”, tanto en las instituciones como en el ámbito empresarial.
Natalia Évora (CC) ha puesto en valor el “fuerte respaldo social” de la norma, que, ha dicho, persigue “un objetivo muy claro”: dotar a Canarias de un marco legal que garantice un “patrimonio arbóreo, muy diverso, en buen estado, protegido, seguro y resiliente”. Ha añadido que se trata de una ley “operativa, sencilla de aplicar y realista”, y que, aunque la mayor responsabilidad recaiga en los ayuntamientos, esta se adapta a la diversidad de las 88 corporaciones locales del archipiélago.
Alicia Vanoostende (PSOE) ha recalcado que los árboles “son mucho más que parte del paisaje” y que si “esta ley existe” es gracias al impulso de un grupo de ciudadanos que detectó que “había un vacío” normativo y “decidieron llenarlo con compromiso, sensibilidad y acción”. Ha subrayado que los árboles “necesitan planificación y cuidado, no improvisación”, con instrumentos de protección que permitan “evitar daños que después son irreversibles”, y con un régimen sancionador “claro”.
Vanoostende ha reconocido que se trata de una “ley de mínimos”, pero ha defendido que “lo urgente es avanzar”. En este sentido, ha explicado que su grupo ha registrado una enmienda a los presupuestos autonómicos con el fin de incorporar medidas de apoyo económico y técnico a los ayuntamientos para que puedan aplicar con garantías la nueva regulación.
