El Parlamento de Canarias, en una sesión plenaria celebrada recientemente, ha dado luz verde de forma unánime a una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular, exigiendo al Gobierno central que liquide la deuda con aerolíneas y navieras derivada del descuento del 75% para residentes y que implemente un sistema de pago más rápido que no exceda los 90 días.
Jennifer Curbelo, del PP, ha expresado su preocupación por la demora en la aplicación del descuento a residentes, reflejo de la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ha señalado que, aunque inicialmente se asignaron 560 millones para esta partida en 2023, esta cifra es insuficiente pues se anticipa un gasto de más de 1.200 millones, dejando un déficit de 650 millones que recae sobre las compañías de transporte. A pesar de algunos pagos realizados, la deuda pendiente es de aproximadamente 350 millones.
“Solo pedimos que el Gobierno pague lo que debe, sin más”, ha manifestado Curbelo, quien también ha solicitado un sistema de pagos “estable y estructural” para evitar futuros retrasos y la acumulación de deudas.
Por su parte, Paula Jover, de Vox, ha criticado al Gobierno por su aparente desinterés en cumplir con la ley, ya que el descuento es obligatorio. Melodie Mendoza, de ASG, ha defendido el descuento como una medida de justicia social y ha advertido sobre el riesgo de deterioro de la cohesión social y económica de Canarias si se cuestiona esta política.
Luis Campos, de NC-bc, ha puesto de relieve la importancia de mantener una operativa ágil y efectiva para asegurar este descuento, destacando su papel en la cohesión del archipiélago. Jonathan Fumero, de CC, ha insistido en la necesidad de eliminar la deuda para garantizar la conectividad de las islas, mientras que Marcos Bergaz, del PSOE, ha restado importancia a las críticas, recordando que desde 2008 se han abonado 5.500 millones de euros por este concepto.











